El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) convirtió ayer a dos antiguos subordinados de Francisco Camps, el exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, en los primeros condenados por un caso directamente relacionado con la trama Gürtel, el de los trajes que la red corrupta regaló a altos cargos del PP y la Generalitat. Aunque la condena por cohecho impropio (soborno) sólo obliga a cada uno de ellos a pagar una multa de 9.600 euros, posee un alto valor simbólico. Para Camps, es un auténtico lastre que dos de los cuatro procesados en el caso por el que él mismo se sentará en el banquillo hayan recibido una sentencia anticipada previo reconocimiento de culpa. Cuando comparezca ante el jurado que dirimirá su caso antes del 20-N, salvo que prospere su última maniobra dilatoria, el exlíder del PP valenciano tendrá que defenderse de acusaciones idénticas a aquellas que han concluido con la sentencia contra Campos y Betoret.

Y es en relación a esa maniobra dilatoria donde la sentencia introduce un segundo elemento preocupante para Camps. Porque su autor, el magistrado del TSJCV Juan Climent, desarma el argumento del expresident de que el delito, de haber existido, se cometió en Madrid. Y que, por tanto y en aplicación de la prerrogativa que el Estatuto de Autonomía otorga a los presidentes de la Generalitat cuando presuntamente delinquen fuera de su comunidad, debe juzgarle el Tribunal Supremo y no un jurado popular. El propio Climent será quien resuelva sobre las alegaciones de Camps en favor de encomendar su juicio al Supremo.

La sentencia refuta el argumento de Camps para esquivar al jurado popular

El juez desbarata de cabo a rabo el razonamiento de que el soborno se perpetró en Madrid al subrayar que los regalos se hicieron en Valencia. Y el delito de cohecho impropio no se deriva de que alguien compre americanas o pantalones sino de que se los ofrezca a un alto cargo en atención a su puesto y este los acepte. 'Las prendas y demás objetos dice el fallo judicial se entregaban a sus destinatarios en Valencia, bien en sus propios domicilios, bien en la sede de Orange Market o en el domicilio de Álvaro Pérez', administrador de esta empresa que operaba como franquicia valenciana de la red corrupta.

En apenas 15 folios, el magistrado Juan Climent detalla de manera cristalina como Víctor Campos, exvicepresidente del Consell, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, cometieron 'un delito continuado de cohecho pasivo impropio' al aceptar cuantiosos regalos de la Gürtel entre 2005 y 2008. Por este motivo el juez los condena a una multa de 9.600 euros, a pagar una cuarta parte de las costas del proceso y a devolver las prendas de ropa obsequiadas por la trama corrupta o a desembolsar su equivalente en dinero. Anticorrupción pedía penas económicas más elevadas: 41.250 euros para Betoret y 35.000 para Campos.

Los condenados tendrán que devolver la ropa o abonar su importe

La sentencia describe como los cabecillas de la Gürtel engordaron el armario de Betoret con 11 trajes, cuatro americanas, dos abrigos y un pantalón cuya suma asciende a 13.499 euros. Por su parte, Campos fue agasajado con dos trajes, dos pantalones, una americana y un chaqué por un importe total de 5.529 euros.

El magistrado señala que los dos acusados aceptaron las dádivas 'en reiterada consideración al cargo público que ejercían' y que les permitía 'tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias' en relación a las cuales el líder de la Gürtel, Francisco Correa, y su lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez, 'mantenían importantes intereses económicos'.

El procedimiento por el que los regalos llegaban a manos de los condenados se explica de forma prolija en el capítulo de 'hechos probados'. Según el magistrado Climent 'esos objetos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión SA y Forever Young', localizados en Madrid. Posteriormente 'se facturaban' a empresas de la trama como Easy Concept, Diseño Asimétrico, Good&Better, Servimadrid y Orange Market, 'las cuales pagaban las correspondientes facturas y tiques de caja, bien en efectivo, o mediante transferencia o entrega de cheques'.

El fallo vincula los regalos con los intereses económicos de la red

En la causa de los trajes, y además de Camps, también está procesado el diputado Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano. Al contrario que Campos y Betoret, tanto Camps como Costa se negaron a declararse culpables tras el auto de procesamiento que, el pasado 15 de julio, ordenó juzgar a los cuatro por soborno en su modalidad menos grave, la del cohecho pasivo.

Cinco días después de la difusión de aquel auto, Betoret y Campos firmaron su confesión de culpabilidad y apremiaron al juez a que dictase sentencia condenatoria. En cambio, Costa y Camps rehusaron declararse culpables en el último instante.

El abogado de Camps llegó a presentar el escrito de conformidad, pero se quedó en la puerta del tribunal esperando a que su cliente acudiera a rubricarlo. Presionado desde Génova, Camps dimitió esa misma tarde para defenderse de lo que calificó como 'un proceso brutal que es falso' y como 'sacrificio personal para que Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno'.