Los ataques que el Ejército estadounidense dirigió el 8 de abril de 2003 en Bagdad contra las cadenas de televisión árabes Al Yazira y Abu Dhabi y contra el hotel Palestina, en el que murió el cámara español José Couso y el ucraniano Taras Prostyuk, cumplieron su objetivo: Estados Unidos 'consiguió que no se informara', que no hubiera imágenes ese día de la entrada de sus efectivos en la capital iraquí, tras la que, según las autoridades militares, 'se acabó' la guerra de Irak.

El juez Santiago Pedraz expone esa conclusión en el tercer auto de procesamiento que dicta en esta causa contra el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, por, respectivamente, haber disparado, haber autorizado y haber ordenado el lanzamiento del proyectil que impactó contra el hotel Palestina en el que se alojaba la prensa internacional que cubría el conflicto.

Pero, además, el magistrado asciende en la cadena de mando e imputa por primera vez a los superiores de los anteriores. Aunque admite ignorar 'qué autoridad superior norteamericana (militar o política) planeó la operación de evitar que los medios de comunicación informaran', considera que la orden 'tuvo que provenir o al menos ser comunicada para su ejecución al jefe del Cuartel General y comandante de la Tercera División Buford Blount y, sucesivamente, al jefe de la Segunda Brigada, coronel David Perkins'. Este fue quien se la transmitió a Philip de Camp.

Les imputa y no les procesa, porque 'el argumento de la cadena de mando no puede constituirse por sí solo en indicio racional de criminalidad', precisa el auto. Los anteriores procesamientos de Gibson, Wolford y De Camp fueron anulados por la Audiencia Nacional, cuyo archivo fue a su vez revocado por el Tribunal Supremo en julio de 2010, cuando el magistrado retomó el caso con un objetivo claro: recabar indicios más sólidos contra los autores del disparo que mató a Couso.

El juez ofrece a EEUU copia de los indicios recabados por si quiere investigarlos

Entre las diligencias realizadas desde entonces destaca una, que tiene una especial relevancia en el auto dictado ayer: la comisión judicial que encabezó a Bagdad para inspeccionar in situ el hotel Palestina y el puente Al Jumhuriya, desde el que disparó el tanque.

Con lo que vio el pasado mes de enero, el juez reconstruye lo que sucedió aquel 8 de abril. Los carros de combate estadounidenses dispararon contra cámaras instaladas en las sedes de Al Yazira y Abu Dhabi, ubicadas en una zona residencial a un lado del puente. Al otro, perfectamente identificable, al tratarse de 'uno de los edificios más altos y emblemáticos de la ciudad', estaba el Palestina, contra el que también se disparó. El proyectil impactó contra la habitación 1503, justo encima de la ocupada por Couso, que grababa desde la terraza a los tanques que desde unas horas antes estaban detenidos en el puente.

Las dos cadenas de televisión habían avisado al Pentágono de su ubicación exacta. Pero es que en el caso del Palestina fue el propio Pentágono quien recomendó a los medios de comunicación internacionales que se alojaran allí.

'El carro contaba con elementos de visión con los cuales se podía apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en ventanas y balcones en el hotel y los objetos que portaban', lo que descarta la versión estadounidense de que el disparo del proyectil se debió a que se había detectado la presencia de ojeadores o francotiradores en el edificio.

Para el juez, los hechos por los que acusa a los tres procesados y a los tres imputados son constitutivos de delitos contra la comunidad internacional en concurso con homicidio, por los ataques excesivos e indiscriminados a la población civil realizados por el Ejército estadounidense que mataron a Couso.

También entiende que se trata de un acto o amenaza de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas, 'para que no fueran testigos de la forma en que se iba a realizar la toma de Bagdad'.

Porque el ataque al hotel Palestina incumple 'los principios de distinción, precaución y proporcionalidad' por los que deben regirse los contendientes en caso de conflicto bélico, según el Convenio de Ginebra. Hasta el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, 'conocedor por obvios de tales principios señala el auto, manifestó que [aunque] en el hotel hubieran existido fedayines o equipos del Ministerio de Información iraquí, no justificaba el gravísimo error que causó la muerte de Couso'.

Según el juez, 'podrá decirse que no resultó lícita la ocupación de Irak, dado que ni existían armas de destrucción masiva, ni el régimen iraquí protegía a terroristas o daba cobertura a miembros de Al Qaeda, ni compró material nuclear a Níger'.

Entre los numerosos testimonios recabados, el juez cita el de la exsargento estadounidense Adrienne Kinne, que en el programa de televisión Democracy Now dijo haber recibido un correo que señalaba el hotel Palestina como objetivo militar. Comentó a su superior que allí se alojaba la prensa internacional y la respuesta que recibió consistió en que 'alguien en un nivel superior de la cadena de mando sabía lo que estaba haciendo'.

Consciente de las dificultades a las que se enfrenta para avanzar en un caso en el que hasta Interpol se ha negado a incluir en sus listas de buscados a los militares hasta ayer imputados, el juez se ofrece a enviar a Estados Unidos copia de las actuaciones realizadas en España, por si cumplen el compromiso que realizaron de llevar a cabo una investigación real sobre lo ocurrido.