'Buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente'. Son las causas por las que el Banco de España despidió el pasado 28 de septiembre a la directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) hasta agosto, María Dolores Amorós. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para determinar si tan graves acusaciones son constitutivas de delito.

La actuación de la Fiscalía Especial pretende determinar si las razones que motivaron el despido disciplinario de Amorós al frente de la CAM se enmarcan en alguna de las conductas previstas en el Código Penal. Fuentes fiscales señalaron a este diario que la investigación es tan incipiente que es pronto para concretar de qué delitos podría tratarse, pero la legislación española castiga la falsedad y la apropiación indebida o la malversación, que vienen a la cabeza con sólo leer la justificación con la que contó el despido.

Si entiende que hay delito, enviará la investigación al juzgado competente

Si la Fiscalía aprecia la existencia del delito, lo denunciará ante el juzgado que entienda competente. Si no es así, cerrará la investigación que es totalmente independiente de las denuncias que desde el pasado mes de agosto se han ido interponiendo ante las Fiscalías de Alicante y Valencia, e incluso la que interpuso IU ante Anticorrupción por las indemnizaciones millonarias.

Una de ellas se encuentra en manos de la Audiencia Nacional, pero aún no ha sido ni siquiera trasladada al Ministerio Público para que realice el pertinente informe sobre competencia. Del futuro de estas denuncias, calificadas por las fuentes consultadas de 'flojas', al estar basadas en recortes de prensa, dependerá cuál sería el juzgado al que se dirigiría Anticorrupción en el caso de ver delito en las causas de despido de Amorós.

Con ella al frente de la gestión, la entidad presentó unos beneficios de 39 millones de euros en el primer trimestre y pretendió publicar unos beneficios de 80 millones en el primer semestre, que una vez fueron recalculados por los administradores del FROB y por los auditores se convirtieron en unas pérdidas de 1.136 millones. Esas cifras ya dan idea de lo mucho que distaba de la realidad la imagen de la entidad que pretendían vender los gestores de la CAM. Y es que los beneficios del primer trimestre ya eran poco factibles, dado que en el año anterior los números rojos habían ascendido a 1.000 millones, aunque no se habían hecho públicos porque la fusión que entonces acometía con Cajastur le habían permitido enjugar esas pérdidas. La CAM tuvo que hacer en el último trimestre del año pasado provisiones extraordinarias de 1.300 millones después de una inspección del Banco de España.

La directora general se había fijado un sueldo vitalicio de 370.000 euros al año

En el despido disciplinario de Amorós también consta la acusación de haber tomado en la entidad decisiones en beneficio propio. Uno de los argumentos para ello es que pactó con el expresidente Modesto Crespo una pensión vitalicia anual de 370.000 euros. Los nuevos administradores eliminaron este pago.

También investigará la Fiscalía si realizó una gestión deficiente. Fuentes conocedoras del funcionamiento de la caja en los últimos años aseguran que Amorós fue una de las principales responsables de que la CAM no llevara a buen término la fusión con Cajastur y de que después no fuera capaz de encontrar una fusión alternativa.