Fracasados todos sus intentos para zafarse de un juicio con jurado, el expresident valenciano Francisco Camps se sentará finalmente en el banquillo acusado de soborno en su modalidad menos grave por aceptar presuntamente trajes de la trama Gürtel, cuyas empresas obtuvieron bajo su mandato más de 14 millones en contratos públicos. Pero el proceso, y así lo decidió ayer el juez Juan Climent en el llamado auto de hechos justiciables, no comenzará hasta el 12 de diciembre, tres semanas después de las elecciones del 20-N y víspera de la sesión constitutiva de las Cortes Generales en la nueva legislatura.

La Fiscalía reclama tanto para Camps como para Costa una multa de 41.250 euros por un 'delito consumado de cohecho continuado', recuerda el auto, que abunda de manera tácita en la conexión entre los regalos pagados por la trama y los contratos de la Generalitat obtenidos por su franquicia valenciana, Orange Market.

El expresident había intentado que le juzgase el Supremo y no un jurado popular

Que la vista tenga carácter postelectoral beneficia objetivamente al PP, al evitarle que la celebración del juicio irrumpa con estruendo en una campaña que Mariano Rajoy y los suyos avizoran sencilla y ganada de antemano. El PP también tuvo suerte en las elecciones municipales y autonómicas de mayo: entonces, el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) se pronunció en favor de investigar la presunta financiación ilegal del partido en el País Valencià, pero lo hizo con un auto dictado tres días después de los comicios. Esa investigación, que abre un nuevo flanco en el caso Gürtel, se encuentra aún en fase preliminar.

Fuentes del Tribunal Superior valenciano (TSJCV) subrayan que la elección de la fecha del juicio no ha sido discrecional sino supeditada a la disponibilidad de la oficina del jurado, encargada de elegir mediante sorteo el próximo día 26 a 36 candidatos a jurado de los que deben salir los 11 nueve titulares y dos suplentes que juzgarán a Camps. Las mismas fuentes no descartan que el trámite de recusación de jurados a puerta cerrada y el de presentación de cuestiones previas demoren el inicio real de la vista hasta el día 13.

Si se produce ese retraso será, en todo caso, el último en una investigación emprendida hace dos años y medio y lastrada desde el primer minuto por la negativa del TSJCV a indagar más allá del regalo de los trajes.

Los regalos no fueron altruistas, ya que la Gürtel' buscaba su favor, dice el auto

En agosto de 2009, el TSJCV, entonces presidido por Juan Luis de la Rúa, juez amigo de Camps, dio carpetazo al caso. En mayo de 2010, el Supremo forzó su reapertura. En medio quedó una demoledora campaña política y mediática del PP en favor de Camps. Su primera víctima fue el sastre José Tomás, erigido en testigo de cargo contra el hoy expresident valenciano. Tomás, que perdió su empleo tras contarle al juez Baltasar Garzón cómo funcionaba el engranaje textil de la red corrupta, trabajaba para la cadena donde Camps encargaba prendas que no se le cobraban por presunta indicación de Pablo Crespo, considerado lugarteniente de la trama, y de Álvaro Pérez, responsable de Orange Market y 'amiguito del alma' de Camps. El sastre declarará como testigo en el juicio.

El PP también intentó neutralizar políticamente al entonces portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, azote político de Camps. Con una querella que el TSJCV tramitó con celeridad, los conservadores lograron sentar en el banquillo a Luna por haber mostrado en Les Corts un informe del sumario del Gürtel sobre las tropelías de la trama en Valencia. Sujeto a una acusación que, sobre la marcha, cambió desde la de revelación de secretos a la de encubrimiento, Luna terminó absuelto mientras el proceso contra Camps avanzaba.

Compañeros de banca judicial

En el banquillo habrá dos ausencias: la de los dos condenados que ya confesaron

En el juicio de diciembre, el jurado deberá decidir si Camps recibió ropa por la que según la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por los socialistas la red corrupta pagó 14.000 euros. El grupo de Francisco Correa habría gastado otros 7.300 euros en ropa para el que hoy se perfila para Camps como su futuro compañero de banca judicial: Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y, al igual que el expresident, aún hoy diputado en Les Corts. Camps suma otro cargo al de parlamentario: integrante del Consejo Jurídico Consultivo valenciano, una de cuyas misiones consiste en emitir informes previos sobre futuras leyes de la Generalitat. Sus predecesores Joan Lerma y Eduardo Zaplana no hicieron valer su condición de expresidents para ocupar un puesto en el Consejo.

Los otros dos procesados en el caso, el exvicepresident Víctor Campos y el exjefe de Gabinete de Turismo Rafael Betoret, no acudirán al juicio. A petición propia para evitar el banquillo y previa confesión de culpa, ya han recibido una condena de no mucho valor penal multa de 9.600 euros, pero de elevado coste político. Porque su admisión del delito hace menos verosímil el relato de Camps, quien el 20 de julio dimitió entre dramáticas proclamas de inocencia como 'sacrificio personal' por Rajoy y tras dejar a su abogado esperándole en la sede del TSJCV para firmar la confesión de culpa. En sus escritos, el defensor de Camps remacha que fue el propio expresident quien pagó sus trajes. Pero, de manera simultánea, esgrime que el 'escaso' importe de las prendas las inhabilita para adquirir la condición de dádiva a efectos penales.

El último argumento fallido de Camps para esquivar al jurado fue este: de haber existido el delito se cometió en Madrid porque allí se encargaron los trajes y, en consecuencia, el delito había de ser juzgado por el Supremo dado que el Estatut valenciano otorga esa prerrogativa a los presidents que presuntamente delinquen fuera de su comunidad.

El TSJCV intentó dar carpetazo al caso pero el Supremo le obligó a reabrirlo

Pese a que Camps y Costa serán juzgados sólo por aceptar regalos, el auto dictado ayer por el juez que presidirá el jurado, Juan Climent, incide en una idea clave para entender la historia. Que quienes pagaron americanas, pantalones y zapatos para el máximo responsable del Ejecutivo valenciano y tres de sus subordinados no actuaron por altruismo. 'El propósito dice el auto al que obedecía la asunción de esos pagos de prendas [...] era el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas'.

Cuando el juez instructor del caso, José Flors, ordenó el 16 de julio abrir juicio a Camps, lo hizo con un auto donde ponía de relieve la vinculación entre regalos y contratos. Flors lo expuso así: 'Contar con el favor nada menos que del presidente de la Generalitat a quien se agasaja puede ser de una influencia determinante'. ¿Para qué? Para que quienes hacían los regalos 'pudieran verse favorecidos en sus intereses económicos'.

Ahora, Climent retoma el hilo de Flors y pone de relieve que Orange Market, la franquicia valenciana del conglomerado corrupto liderado presuntamente por Correa, logró de la Generalitat 'numerosos contratos de muy variado objeto'. En la cumbre de tan prolija relación contractual, el juez cita las adjudicaciones para el stand de Fitur y otras ferias turísticas. De 2005 a 2009, esos contratos reportaron a Orange Market 6,9 millones.

Hubo más adjudicaciones para la trama, por importe global superior a siete millones de euros. Pero ni se han investigado en este caso ni las piensa investigar el TSJCV cuando abra la prometida investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano. En esa nueva rama del caso Gürtel, el tribunal sólo acepta someter a su escrutinio los contratos de Fitur concedidos a Orange Market.