La clave para que un juez cometa un delito de prevaricación al dictar una resolución es que esta sea 'irrazonable a todas luces'. Es decir, que no exista debate sobre ella porque toda la comunidad jurídica está de acuerdo en que la decisión adoptada por el magistrado es extravagante o absurda y prevaricó al dictar una resolución injusta pese a ser consciente de que lo era. El juez Baltasar Garzón niega haber actuado así cuando se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo, decisión por la que ahora se arriesga a ser condenado a 20 años de inhabilitación.

Por esa razón la defensa de Garzón, que en el juicio que comienza este martes ejerce el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, quería probar la existencia de ese debate jurídico con la declaración de 15 testigos, entre ellos, prestigiosos juristas extranjeros especializados en crímenes contra la humanidad, como Carla del Ponte, exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), o Juan Guzmán, el juez chileno que abrió varias causas contra el dictador Augusto Pinochet.

La defensa quería probar que existe debate jurídico sobre la justicia universal

Pero el Tribunal Supremo lo vetó. La última vez en un auto de 12 de diciembre de 2010, redactado por el que era ponente de la causa, Adolfo Prego, en el que quedó fijada la prueba que se celebrará en la vista oral. El argumento principal de la negativa era que no aclararían si Garzón prevaricó o no.

El Alto Tribunal entendió que sus testimonios son 'innecesarios' porque sus actuaciones ya constan en las causas correspondientes y, 'por otra parte, los jueces y magistrados no pueden prestar declaración testifical sobre las actuaciones realizadas o el contenido de las causas en las que han intervenido'.

Así que renunció a escuchar a los expertos internacionales propuestos, como el juez del Supremo argentino Raúl Zaffaronni que fue uno de los redactores de la sentencia que anuló la ley argentina de Punto Final y Obediencia Debida y también a los tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que discreparon del auto que declaró que Garzón no era competente para investigar los crímenes cometidos durante el franquismo.

Entre ellos hay instructores de causas por crímenes de dictaduras

Ley de amnistía

Uno de los argumentos por los que el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, también de corte ultraconservador, piden que Garzón sea inhabilitado por 20 años es que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo, saltándose la Ley de Amnistía de 1977.

Precisamente, uno de los testigos que Garzón quería que declarara es Hugo Relva, quien ha participado en los grandes procesos de América Látina que han anulado leyes de punto final. En declaraciones a Público, el coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional explicó que, 'en todos los países, este tipo de leyes de amnistía tienen validez durante algunos años, pero siempre acaban cayendo'. '¡Qué ironía que esto suceda en el lugar que permitió que se abrieran procesos a extranjeros!', señaló en referencia a los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, cuya investigación inició y desarrolló el propio Garzón.

El tribunal sostiene que su testimonio no aclararía si ha habido prevaricación

Entre los testigos que no estarán en el Supremo también figuran españoles, como el historiador Ricard Vinyes, que ha documentado cómo unos 12.000 niños fueron separados de sus padres para extirpar el virus rojo que sufrían sus progenitores.

En el trámite de cuestiones previas, la defensa puede volver a proponer testigos, pero, con los argumentos que utilizó el Alto Tribunal para rechazar a estos expertos, no parece probable que ahora cambie de criterio. Los que sí podrán testificar son 20 víctimas del franquismo y dos de sus abogados.