El ex primer ministro islandés, Geir Haarde, ha sido declarado inocente por la Justicia de su país tras ser acusado de hacer oídos sordos a las voces que le advertían de la bancarrota a la que se dirigían las instituciones financieras de su país, que a finales de la pasada década supuso uno de los claros síntomas de la crisis económica a la que nos avecinábamos.

Haarde negó responsabilidades en la quiebra bancaria sufrida por Islandia en 2008, ya que a su juicio no disponía de información al respecto ni era una tarea inherente al Gobierno del país nórdico obligar a la banca a dar un paso atrás en sus ansias de expansión.

La sentencia del Landsdómur (un tribunal especial) exculpó a Haarde de tres de los cuatro cargos de que estaba acusado, aunque lo condenó por haber violado la ley sobre la responsabilidad de los ministros al no convocar reuniones del Consejo de Ministros para analizar la situación.

Haarde, conservador de 61 años que llevó las riendas del Gobierno islandés entre 2006 y 2009, se arriesgaba por los cargos que se le imputaban a una pena máxima de dos años de prisión. Finalmente, no sólo evitará la cárcel sino que tampoco deberá pagar una multa ni las costas del juicio, que deberá asumir el Estado islandés.

Haarde fue condenado no obstante por un delito menor (por nueve votos a favor y cinco en contra) por no haber tratado temas importantes para el país en los consejos de Estado o en las reuniones de Gobierno. Esa condena menor no se traduce en ninguna pena concreta para Haarde, que se ahorra los 24 millones de coronas islandesas (unos 143.000 euros) de las costas del juicio.

Tras conocer la sentencia, que se hizo pública en la Casa de la Cultura y fue transmitida en directo por la televisión pública Rúv, Haarde se mostró insatisfecho por haber sido condenado por 'una pequeña formalidad' y calificó el veredicto de 'absurdo'. De aplicar ese razonamiento, todos los jefes de Gobierno del país debían de haber sido declarados culpables del mismo delito, argumentó Haarde a la salida del tribunal. Haarde criticó la 'presión política' que a su juicio han sufrido los componentes del Landsdómur y resaltó que la condena por un delito menor es un 'premio de consolación' para la acusación e invitaba a una 'reflexión triste y terrible' sobre el sistema judicial islandés.

'Nunca antes se había actuado de una forma tan vergonzosa, espero que nunca más vuelva a ocurrir', dijo sobre el proceso judicial Haarde, que habló también en inglés ante las cámaras islandesas. Los tres principales bancos de Islandia, cuyo volumen de negocios había llegado a superar diez veces el PIB de este país de unos 320.000 habitantes, colapsaron uno detrás de otro en octubre de 2008, lo que situó al país en una situación crítica y le obligó a recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las protestas populares provocadas por la crisis forzaron la salida del Gobierno de conservadores y socialdemócratas dirigido por Haarde unos meses después y la convocatoria de elecciones anticipadas en abril de 2009, de las que salió un nuevo Gobierno integrado por socialdemócratas y 'rojiverdes'.

El Althingi (Parlamento islandés) dio luz verde en septiembre de 2010 a que Haarde fuese llevado a los tribunales, siguiendo el consejo de la comisión parlamentaria de investigación. Pero el Parlamento no hizo lo mismo con otros tres ex ministros de su gabinete, dos de ellos socialdemócratas, señalados también en el informe de la comisión.

El Landsdómur es una corte especial para procesos que afectan a miembros del Gobierno creada en 1905, que nunca antes había actuado, y formada por 15 personas: cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento.