A partir de septiembre, el Ministerio de Hacienda podrá intervenir a las comunidades autónomas que no cumplan el objetivo de déficit marcado por el Gobierno de Rajoy. Lo ha anunciado este lunes el departamento dirigido por Cristóbal Montoro, que defiende tener el 'valor' y la 'capacidad técnica' para tomar este tipo de medidas en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que entra en vigor mañana martes. Sin embargo, el Ejecutivo cree que no se tendrá que llegar a este extremo.

Las estimaciones son que, en el peor de los escenarios de incumplimiento de déficit, las primeras intervenciones se podrían producir en septiembre. Pero en Hacienda confían en no tener que llegar a intervenir ninguna autonomía y explican que desde las administraciones regionales no se ha pedido una intervención voluntaria.

Hacienda no ha recibido peticiones de intervención voluntaria

Precisamente este lunes finaliza el plazo para la presentación de los planes de estabilidad presupuestaria de las comunidades, que Hacienda deberá analizar en los próximos 15 días. Luego, serán estudiados y, en su caso, aprobados en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para la primera quincena de mayo, como ya anunció el propio Montoro.

Según Hacienda, no habrá sorpresas si la información de los documentos que las comunidades presentan es 'fiel' y 'se atiene' a la que se ha estado trabajando 'y a las recomendaciones que se han hecho' desde la administración central, aunque no garantizaron que no vaya a haber algún suspenso.

Pasados los plazos, las intervenciones se darían en septiembre

En caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, la Administación Pública responsable deberá aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Además, tendrán que constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Si en el plazo de tres meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de tres meses persistiera el incumplimiento, podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.

No supondría disolver la autonomía

En el caso de no adaptarse las medidas previstas anteriormente o en caso de resultar estas insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. En todo caso, Hacienda indicó que si la comunidad no hace el depósito en el Banco de España, este plazo se reduce en meses. Así, teniendo en cuenta el calendario de este año, las primeras intervenciones de una comunidad podrían producirse a partir del mes de septiembre.

Por otra parte, desde el Ministerio indicaron que el hecho de que las comunidades sean intervenidas y tengan que ejecutar medidas de manera forzosa para cumplir con la reducción del déficit, eso no supone la disolución de la autonomía. En el caso de una administración local que llegue al extremo de adoptar medidas de ejecución forzosa, sí supondrá la disolución de la corporación local.

Desde el Ejecutivo destacaron que se está dando apoyo financiero a todas las administraciones que lo han solicitado, y recordaron los mecanismos adicionales de financiación. Entre ellas, recordaron la línea ICO vencimiento para las comunidades autónomas, el plan de pago a proveedores, los anticipos de la liquidación del sistema de financiación 2010 y la ampliación del plazo de las devoluciones del sistema de financiación 2008 y 2009.