El pasado mes de febrero y tras sufrir una de las derrotas más graves de su historia en las elecciones que se habían celebrado tres meses antes, los socialistas decidieron dar un nuevo rumbo a su política respecto a la Iglesia católica. Hasta entonces habían evitado cuestionar los privilegios de la mencionada confesión religiosa. Es más, hasta ahora han tumbado junto con el PP diferentes iniciativas de la izquierda en ese sentido. Pero en su 38 Congreso, el PSOE aprobó una resolución certificando su voluntad para revisar el concordato del Estado español con el Vaticano de manera que se pusiera fin a esos benficios en materia fiscal.

Ese nuevo discurso se ha traducido en diferentes iniciativas para acabar con el trato especial que concede el sistema jurídico español a la mencionada confesión religiosa. La última que respaldaron los socialistas fue una proposición no de ley de la Izquierda Plural instando al Gobierno a establecer un calendario para la autofinanciación de la Iglesia. Sin embargo, el pasado miércoles, la medida no salió adelante por el voto en contra de PP, CiU y UPyD. 

Ahora el PSOE da un paso más con la puesta en marcha de una campaña a nivel estatal que se presentará en todas y cada una de las administraciones municipales en las que tengan representación. A través de una moción , los socialistas exigirán que los ayuntamientos realicen un censo municipal de los inmuebles 'rústicos y urbanos' que estén registrados a nombre de la Iglesia católica, pero también de otras confesiones religiosas. El objetivo es que, una vez conocido ese listado, se inste a las diferentes religiones a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de todas aquellas propiedades que no estén vinculadas al culto. 

'No es admisible que frente al esfuerzo solidario exigido a todos los ciudadanos, haya confesiones religiosas que sigan disfrutando de beneficios especiales', afirma el PSOE en su iniciativa. Por eso, además, instará al Gobierno a presentar una Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa que determinará modificaciones, entre otras, de la Ley de Haciendas Locales, de la Ley de Mecenazgo y Fundaciones, y 'una revisión de los acuerdos del reino de España con la Santa Sede , vigentes desde 1979'.

Según diferentes estimaciones, girar el IBI a la Iglesia podría aportar a las arcas del Estado varios miles de millones de euros al año, lo que podría suponer un balón de oxígeno para la administración pública, centrada ahora en el recorte permanente para llegar al objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea. 

Pero la Conferencia Episcopal española no parece estar por la labor de arrimar el hombro en esta materia. Su presidente, el cardenal Antonio María Rouco Varela, amenazó el pasado lunes con quitar los fondos que destina la Iglesia a la organización Cáritas si les obligan a pagar el IBI por sus inmuebles. 

El secretario de política municipal del PSOE, Gaspar Zarrías ha pedido a Rouco 'que no amenace en nombre de Cáritas', una institución que, ha dicho, los socialistas reconocn por su 'trabajo diario y el servicio que, al igual que cientos de ONGs en este país, prestan a miles de ciudadanos'.

Asimismo, le ha recordado que 'son precisamente los impuestos de todos los ciudadanos los que a través de las subvenciones de ayuntamientos, comunidades autónomas, y administración central permiten a Cáritas hacer la magnífica labor que hacen' y le ha pedido que diga 'cuánto ha puesto la Iglesia católica en los últimos años del presupuesto de Cáritas'.  'A lo mejor nos llevamos una sorpresa', ha remachado.