La juez de guardia de Madrid ha puesto en libertad con cargos a 34 de los 35 detenidos el pasado martes durante los incidentes acaecidos en las protestas del 25-S en las proximidades del Congreso y ha dictado prisión provisional eludible mediante fianza de 1.000 euros para otro más. La juez de Instrucción número 8 de Madrid considera que 'existen motivos bastantes' para estimar que los detenidos cometieron un delito contra las Instituciones del Estado en el auto en el que, a pesar de esta consideración, les deja en libertad. 

La magistrada ha acordado la prisión provisional, eludible bajo fianza de 1.000 euros, de un detenido más en relación con estos hechos y sobre el cual recae una imputación de la supuesta comisión de dos delitos de atentados y de desórdenes públicos. El imputado menor de edad está a cargo de la Fiscalía de Menores, según está regulado en la Ley de Responsabilidad Penal de Menor, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

'En el presente caso, si bien existen motivos bastantes para estimar responsable del delito de atentado, resistencia y delito contra las instituciones del Estado a los detenidos, procede decretar su libertad provisional sin fianza', señala el auto recogido por Europa Press en el único apartado que figura en los fundamentos jurídicos.

Este jueves, el juez central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional rechazó tomar declaración a los detenidos después de recibir un informe de la propia Policía en el que tan solo se acusaba a los arrestados de los delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos. Como la Policía tampoco contemplaba el delito contra las instituciones del Estado, el juez respondió a las Fuerzas de Seguridad que esta causa no era de su competencia, razón por la que los detenidos fueron trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla.

Desde primeras horas de la tarde, un grupo de unos cien familiares y amigos de los detenidos se ha congregado a las puertas del juzgado de guardia de Plaza de Castilla, adonde fueron conducidos los arrestados. Los congregados, en su mayoría jóvenes, portaban una pancarta con el lema 'Solidaridad con detenidos 25-S. Stop a montajes policiales'.

La Audiencia Nacional rechazó tomar declaración a los imputados porque no es su competencia

El traslado de los arrestados a Plaza Castilla se ha producido finalmente en cumplimiento de la providencia dictada hoy por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y después que el Ministerio Fiscal no haya presentado ninguna acusación. El magistrado de la Audiencia Nacional había informado a la Policía Nacional de que los delitos que imputan a los detenidos no son competencia de este tribunal, por lo que le insta a que actúe 'en consecuencia'.

También ayer en el Congreso el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que calificó los altercados como 'muy graves', indicó que la Policía había instruido los atestados de las 35 detenciones, teniendo en cuenta que los arrestados cometieron delitos contra altos organismos de la Nación, que son competencia de la Audiencia Nacional. Además, durante toda la mañana fuentes policiales insistieron en que algunos detenidos iban a pasar a la Audiencia Nacional. El pasado viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional imputó a ocho personas por la convocatoria de la iniciativa 'Rodea el Congreso', a los que ha citado el próximo día 4 de octubre después de que los Juzgados de Instrucción de Madrid se inhibieran en favor de la Audiencia Nacional para que investigase los hechos.