El fiscal general del Estado defendió este miércoles el derecho de manifestación, pero acto seguido se mostró partidario de 'reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho'.

A raiz de la polémica suscitada por la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de 'modular' el derecho de manifestación, Eduardo Torres-Dulce ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran 'necesario' pueden regular, aunque sólo 'administrativamente', el derecho de manifestación porque la restricción 'excesiva' de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.

En los desayunos informativos de Europa Press, ha defendido que no se puede 'otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque' la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un 'frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática'.

El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad de expresión.

Sin embargo, ha advertido de las 'imposibles consecuencias' de utilizar del descontento social como forma de 'deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.'.

Según ha recalcado, el Ministerio Público es garante de la estructura constitucional pero también de los derechos individuales, entre los que se encuentra el de la libertad de expresión. 'He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian', ha añadido.

Es decir, a su juicio, el 'exceso' del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al 'desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho'. 'El equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad', ha añadido.

Al ser preguntado sobre la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el derecho de manifestación, Torres-Dulce ha respondido que 'si es necesario' habría que regularlo administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución. 'Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad', ha añadido.

En este contexto, ha dicho comprender que los ciudadanos de Madrid puedan verse afectados las continuas manifestaciones. Eso sí, ha indicado que 'restringir excesivamente' complica la convivencia democrática.

Respecto a la actuación policial en las marchas del 25-S y las concentraciones posteriores, el fiscal general del Estado ha defendido la labor de la Policía, que está sujeta a la legalidad y que a veces trabaja en condiciones 'difíciles', aunque ha recordado que los ciudadanos pueden denunciar cualquier exceso de los límites de la legalidad que se haya cometido ante los tribunales.

En cuanto a la posición de la Fiscalía, Torres-Dulce ha recordado las diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado y, respecto a los participantes, ha afirmando que 'no todo el mundo pudiera haber incurrido' en este tipo de delito puesto que los atestados policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la autoridad o resistencia.

'Hay ciudadanos que evidenciaron que iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado', ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras asistir al mismo acto que Torres-Dulce, ha afirmado que proteger el derecho de manifestación 'no es incompatible con la racionalidad de su utilización y, sobre todo, con la racionalidad en el uso de los espacios públicos'.Cifuentes asegura que no ha planteado reformar la Constitución ni restringir ningún derecho. 'Yo lo único que planteo es que se pueda debatir sobre la posibilidad de modular, sobre la posibilidad de racionalizar el uso del espacio público, que es una petición que por otra parte realizan de manera reiterada vecinos comerciantes y demás', ha reiterado.

'Insisto, de ninguna de las maneras se trata de plantear ni una reforma de la Constitución ni, por supuesto, de restringir ningún derecho', ha agregado. 'Yo creo profundamente en los derechos constitucionales', ha aseverado, antes de apuntar que el derecho de manifestación 'es un derecho constitucional que hay que proteger, pero creo que eso no es incompatible con la racionalidad de su utilización y, sobre todo, con la racionalidad en el uso de los espacios públicos'.
En este sentido, ha señalado que los espacios públicos tienen que poder ser utilizados por todos los ciudadanos y ha añadido que 'el derecho de unos pocos es perfectamente compatible con los derechos de la colectividad'.
Preguntada sobre de qué manera se podría 'modular' el derecho de manifestación, no ha precisado de qué manera pero sí que 'si se decidiera modificar habría que hacerlo con un amplio grado de consenso'.

'Yo no he entrado a valorar qué reforma habría que hacer porque entiendo que es un tema complicado', ha indicado. Igualmente, ha señalado que no le corresponde hacer ninguna propuesta en este sentido porque no es legisladora.

'Yo simplemente he planteado la importancia de debatir sobre un tema que preocupa a una gran parte de la sociedad en un sentido y en otro', ha agregado. 'En primer lugar', ha señalado, para realizar una reforma 'hay que velar por que no se produzca ninguna restricción de derechos'.

Finalmente, preguntada al respecto, Cifuentes se ha manifestado contraria a crear un 'manifestódromo'.