La investigación que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco realiza al entramado de empresas del expresidente de la CEOE y exdueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, incluye el envío de comisiones rogatorias (peticiones internacionales de colaboración judicial) para localizar su patrimonio en diversos paraísos fiscales como Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia, han informado fuentes de la investigación.

La Unidad de Delitos Economicos y Fiscales (UDEF) de la Policía y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la que lleva la investigación de esta causa, tratarán de encontrar en estos lugares el dinero que, presumiblemente, tiene su origen en el vaciamiento patrimonial de empresas como Marsans y Air Comet, según las mismas fuentes.

Según la Policía, los detenidos en la 'Operación Crucero' habrían ocultado presuntamente su patrimonio vendiendo Marsans a Posibilitum Business, de la que ejercía como administrador uno de los arrestados, el empresario Ángel de Cabo, experto en liquidar empresas en quiebra.

La investigación, desarrollada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacion señala que la operación de alzamiento tuvo lugar en el año 2010. En concreto, lo que se vendió a Posibilitum fue la sociedad que poseía las acciones de Marsans, Teinver S.A.

Esta operación se habría realizado para ocultar el patrimonio real y así evitar hacer frente a los pagarés sin fondos que Marsans venía entregando desde 2009 a sus mayoristas. Precisamente esas empresas afectadas, AC Hoteles, Melia, Pullmantur y el grupo Orizonia presentaron la querella que ha dado origen a la investigación, ya que Viajes Marsans acumuló con ellos una deuda de 45 millones de euros.

Esta causa se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que dirige Eloy Velasco, quien el pasado 5 de junio emitió un auto en el que ordenaba el bloqueo del yate del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, atracado en el puerto de Barcelona, para evitar un intento de traslado de la embarcación fuera del territorio de la Unión Europea (UE).

Esta paralización partió de una petición formulada por la Fiscalía tras recibir una advertencia de la Aduana Marítima de Barcelona en la que comunicaba haber recibido una petición de exportación del barco con la finalidad de 'colocar a buen recaudo y fuera del territorio de la UE un bien patrimonial' propiedad de la familia de Díaz Ferrán. El barco tiene un valor aproximado de cinco millones de euros.

Díaz Ferrán también consta en otras investigaciones seguidas en la Audiencia Nacional como del juez Central de Instrucción Número uno, Santiago Pedraz, que afecta a los clientes minoristas de Marsans.

Según las mismas fuentes, en esta otra investigación consta, entre otras cosas, cómo tras la quiebra de Marsans, todo el dinero en efectivo que se recibía se ingresaba presuntamente en una cuenta bancaria vinculada a una entidad sin actividad y ajena a la agencia de viajes.