El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores, informaron fuentes jurídicas.

Los 30 millones que exige el magistrado a Díaz Ferrán supone la segunda mayor fianza impuesta por la Audiencia Nacional a un detenido e iguala a la que se decretó para Javier de la Rosa en 1999 por el 'caso Torras'. El fiscal, según fuentes jurídicas, pidió para el expresidente de la CEOE prisión incondicional.

Díaz Ferrán ha declarado durante una hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. El empresario ha negado todas las acusaciones y ha insistido en que su conocimiento de Ángel de Cabo, pieza imprescindible en el supuesto alzamiento de bienes que se atribuye al exdueño de Viajes Marsans, databa de la operación en la que le transmitió parte de su grupo de empresas, pero que no tenía ningún conocimiento de las actividades del empresario valenciano.

En el auto de prisión del juez se señala que Díaz Ferrán y su socio, el ya fallecido Gonzalo Pascual, habían 'diseñado una estrategia para alzarse son sus bienes aparentando insolvencia patrimonial'. Esta estrategia se pactó con Ángel de Cabo, a quien le vendió el grupo Marsans. El auto explica que Diaz Ferrán y su socio traspasaron su grupo y su patrimonio personal y familiar al entramado de De Cabo 'creando una aparencia de insolvencia'. En esta operación, 'cada propietario de Marsans debía recibir 100.000 euros mensuales, hasta alcanzar la suma de 8 millones de euros, respectivamente'. El ex presidente de CEOE fue recibiendo las mensualidades acordadas en la sede la empresa Ascendía, en Valencia, donde acudía cada dos o tres semanas; mientras que Gonzalo Pascual no llegó a recibir ninguna cantidad.

El juez imputa en el auto a Díaz Ferrán delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, y diversas modalidades de insolvencia punible, entre las que cita expresamente la estafa procesal concursal y el alzamiento de bienes agravado por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero.

Para el magistrado, se trata de delitos de 'tal gravedad penológica y social' que, pese al arraigo social en España de Díaz Ferrán, 'imbuyen un riesgo de fuga y elusión de la acción de la justicia que sólo es conjurable con fianzas económicas'.

Para justificar la elevadísima cuantía de la fianza, el instructor señala que el exjefe de la patronal ocultó, de forma delictiva y dolosa, patrimonios y activos de Marsans a más de 10.000 acreedores por cifra superior a los 30 millones de euros que ahora se le exigen para eludir la cárcel.

Antes de la declaración de Díaz Ferran ante el juez había comparecido otro imputado Antonio García Escribano, trabajador de las empresas de Ángel de Cabo, que apenas ha estado unos minutos en el despacho del juez al acogerse a su derecho de no declarar. Al concluir la declaración de Díaz Ferrán ha comparecido ante el juez Velasco el propio De Cabo.

Velasco, que instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, acusa a los detenidos los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Díaz Ferrán había llegado a las dependencias de la Audiencia a las 08:43 horas y ha comenzado a prestar declaración a las 10:15 horas. Según fuentes de la Audiencia Nacional, Díaz Ferrán ha sido el segundo de los nueve detenidos en la Operación Crucero en ser llevado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid.

Tras conocer esta medida cautelar, Díaz Ferrán ha sido llevado a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla para ser interrogado por un crédito que concedió Caja Madrid a su sociedad Air Comet, que supuestamente se hizo de forma fraudulenta.

Díaz Ferrán se enfrenta a los delitos de insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales por el pacto al que llegó con De Cabo para ocultar los bienes de sus sociedades patrimoniales y los de las empresas del grupo Marsans. Las penas máximas de estas conductas que suma el Código Penal alcanzan los 16 años de prisión.

Además de Díaz Ferrán y Ángel de Cabo, entre los detenidos que este miércoles han pasado a disposición judicial también figura Iván Losada, la mano derecha de De Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.

También serán interrogados el resto de detenidos, entre los que destaca el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido, la secretaria del empresario valenciano, Susana Mora, y el responsable financiero Carmelo Estéllez Jimenez.

En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido. En concreto, el dinero bloqueado procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Trapsa, Holdisan y Grudisan.

Además, la Policía ha encontrado dos trofeos de caza -un elefante y una jirafa- durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido. Estos hallazgos se suman al millón de euros encontrado en casa de De Cabo, los 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y los 150.000 y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán.

Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calvià (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no ha podido paralizar. Según las investigaciones, Díaz Ferrán y Pascual, vendieron a De Cabo el grupo turístico Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que el empresario valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a sus acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

De hecho, la investigación de esta operación partió de una querella de los acreedores Meliá Hotels, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, a las que los gestores de Marsans supuestamente ocultaron sus bienes. El entramado giraba en torno a la compañía Esser Internacional 21, la sociedad de la que dependen gran parte de los bienes de De Cabo. Esa sociedad estaba administrada por su cuñado Teodoro Garrido, uno de los detenidos, entre los que también destaca Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jiménez.

Además, la Audiencia ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países, para investigar el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero.