Las multitudinarias manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 en toda Andalucía -más de un millón de asistentes, según la mitología oficial- no tenían precedentes en nuestra Historia y tuvieron una influencia radical en la política española: fue la prueba más evidente de que la reivindicación de la autonomía ya no era un asunto exclusivo de las 'regiones ariscas' a las que se había referido Ortega y Gasset en la II República.

Por eso, cinco meses más tarde, en abril de 1978, el proyecto de Constitución distinguía dos tipos de autonomía: una política para las nacionalidades y otra administrativa para las regiones. Nuestros constituyentes no hicieron como los italianos, que en el artículo 116  de su Constitución enumeraron las regiones de autonomía especial, pero al reconocer los referendos celebrados en la  República facilitaron que Cataluña, el País Vasco y Galicia pudieran conseguir sin dificultades la máxima autonomía, mientras que si alguna otra región se animaba a reivindicar  el mismo grado de autogobierno debería de transitar por el tortuoso proceso del artículo 151, que parecía pensado para evitar acusaciones de discriminación que pudieran restar votos en el referéndum de ratificación de la Constitución.

Clavero Arévalo, ministro entonces para las Regiones, ha contado las dificultades que tuvo para conseguir incluir esa complicada pasarela a la autonomía política pues en su UCD estaban por permitir que solo tuvieran Parlamento las regiones históricas. ¿Lo hubiera logrado sin el éxito de las manifestaciones del 4-D? Parece difícil.

En 1979 el País Vasco y Cataluña accedieron sin dificultades a la autonomía política, mientras que Andalucía -liderada por Rafael Escudero- se preparó para hacer lo mismo por la vía del artículo 151, que exigía que la iniciativa autonómica adoptada por los municipios fuera refrendada por los ciudadanos andaluces  mediante un referéndum en el que se necesitaba el voto afirmativo de la mayoría absoluta del censo de cada provincia. El 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum andaluz, que fue un gran éxito político pero un fracaso jurídico: el 55% de los andaluces ratificaron la iniciativa, pero en Almería el porcentaje solo fue del 42%, por lo que la Junta Electoral declaró que la iniciativa había sido rechazada. Sin embargo, a veces, los éxitos políticos pueden transformarse en normas jurídicas: tras varias iniciativas parlamentarias y muchas negociaciones, en diciembre de 1980 se aprobó una modificación de la Ley Orgánica de Modalidades del Referéndum que permitía que Andalucía accediera por la vía del artículo 151 al máximo nivel de autonomía.

Desde un punto de vista jurídico, lo mínimo que se puede decir de la solución adoptada -autonomía por el procedimiento del artículo 151 a pesar de que no se obtuvo la mayoría absoluta provincial exigida por ese mismo artículo- es que Andalucía logró una interpretación flexible de la Constitución. Ahora bien, los políticos de otros territorios reclamaron para sí la misma flexibilidad, de tal forma que los navarros pidieron  -y acabaron logrando en 1982- el acceso a la autonomía política usando imaginativamente la referencia constitucional al respeto de los derechos forales. Y detrás, y con similar  grado de imaginación, Valencia y Canarias también consiguieron su propio Parlamento y las mismas competencias que las cinco Comunidades ya constituidas.

Así las cosas, y ante un clamor general de autogobierno, no es de extrañar que el Informe Enterría recomendara al Gobierno en mayo de 1981 generalizar la autonomía política, si bien distinguiendo dos niveles de autonomía y una serie de limitaciones (los parlamentarios sin sueldo, las diputaciones como administraciones periféricas de las Comunidades, etc.), que luego serían sistemáticamente incumplidas. La lógica de la dualidad, implícita en la Constitución, que suponía un federalismo asimétrico, fue sustituida por la lógica de la homogeneidad o, en la popular expresión, por el café para todos. ¿Gran acierto o error monumental que nos ha llevado a los problemas económicos, políticos y sociales actuales?

Sea cual sea la respuesta -que divide tanto a los políticos como a los académicos- no hay demasiadas dudas de que el actual diseño homogéneo del Estado autonómico trae causa, en buena medida, de aquellas manifestaciones andaluzas de las que hoy se cumplen 35 años. Vértigo nos da recordarlo a los que allí estuvimos.