El macrojuicio por el caso Pallerols, que debía comenzar hoy en la Audiencia de Barcelona, se ha aplazado hasta mañana mientras las partes negocian un acuerdo que evite la celebración del proceso, en el que la Fiscalía reclama a UDC casi 200.000 euros como partícipe de la trama a título lucrativo.

La Fiscalía pide penas de hasta 11 años de prisión por el llamado caso Pallerols, un entramado para el supuesto desvío de fondos públicos procedentes de cursos de formación subvencionados por la Unión Europea que implica a dos ex altos cargos de la Consellería de Trabajo y a militantes de Unio Democràtica de Catalunya (UDC). En este proceso tienen que declarar como testigos el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, el diputado en Madrid Josep Sanchez Llibre y el portavoz del PP en el Parlamento, Enric Millo (que formaba parte de Unió), entre otros. 

Según han informado fuentes judiciales, la vista debía iniciarse a las 10.30 horas de este lunes en la Audiencia de Barcelona. Pero, antes de comenzar, los letrados de los procesados, acusaciones y defensas se han reunido para intentar alcanzar un acuerdo que evite la celebración del macrojuicio, que podría alargarse durante varios meses.

Las partes implicadas en el proceso se han dado de plazo hasta mañana por la tarde, cuando estaba previsto el inicio de la segunda vista oral del juicio, para alcanzar un acuerdo que comporte una rebaja de las penas de prisión e inhabilitación y posiblemente de las indemnizaciones. La Fiscalía reclama 200.000 euros a UDC como partícipe a título lucrativo de la trama, dado que considera que se quedó con parte del dinero desviado.

En las conclusiones provisionales, la Fiscalía pide también que los procesados indemnicen, conjunta y solidariamente, al Departamento de Trabajo con 595.972,61 euros, cantidad que habrían desviado de las subvenciones recibidas por Pallerols para la realización de cursos de formación.

El caso se reabrió en noviembre de 2006 tras un recurso de la Fiscalía y el juicio tiene previsto acabar el 17 de abril después de 54 sesiones previstas. 

La conjunción de intereses entre los procesados por el caso Pallerols, mantiene el fiscal Fernando Rodríguez Rey, les llevó a idear una trama para desviar el 10% del importe anual de los fondos públicos que las empresas de Fidel Pallerols recibían del Departamento de Trabajo de la Generalitat en concepto de subvenciones.

De esa forma, mantiene el ministerio público, el Departamento de Trabajo adjudicó entre 1994 y 1998 cursos de formación por un volumen total de 8,8 millones de euros a tres sociedades del empresario controlado por Pallerols, a cambio de que éste les devolviera un 10% del importe, que en buena parte acabó en manos de UDC.

Las subvenciones recibidas 'no sólo estaban muy por encima del coste real de los cursos', sino que en algunas ocasiones ni se impartían por no haber suficientes alumnos, explica el fiscal Fernando Rodríguez Rey en su escrito de acusación. Según el Ministerio Público, se produjo una 'confluencia de intereses' en la que Pallerols y su mujer vieron la oportunidad de recibir subvenciones, y el entonces director general de Empleo de la Generalitat, Lluís Gavaldà, y su colaborador, Santiago Vallvé, presuntamente creyeron tener la oportunidad de desviar fondos a su partido.

El fiscal considera que en la concertación de todos los acusados 'jugó un papel decisivo' Vicenç Gavaldà, militante de UDC desde 1984 y que ocupó varios cargos en este partido, entre ellos el de secretario de Organización y de Relaciones Institucionales entre los años 1992 y 1999, por lo que pide nueve años de prisión para él.

Otro de los procesados es el militante de UDC Santiago Vallvé, que fue condenado a algo más de un año de prisión por el llamado caso Turismo, una trama de corrupción vinculado al Consorcio de Turismo de Catalunya en el que se malversaron un millón de euros.

En el acuerdo que se está negociando, las defensas buscan rebajar las penas de prisión a un máximo de dos años, con lo que los procesados evitarían su ingreso en la cárcel al carecer de antecedentes, así como de las cantidades a pagar en concepto de indemnización.

Las defensas esgrimen que en la causa concurre la atenuante de dilaciones indebidas, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, que comenzó en 1999 y se remonta a subvenciones cobradas desde 1994.