La Administración General del Estado y sus organismos dependientes tienen 35.063 inmuebles en propiedad a los que no da ningún uso público, pese a lo cual paga un alquiler por ocupar otros 1.347 edificios de los que es arrendatario. Este extraño negocio consta en el contenido de sendas respuestas del Gobierno a los diputados de UPyD Rosa Díez, y de Izquierda Unida Cayo Lara, que se interesaron por la cuestión.

En sus contestaciones, a las que ha tenido acceso Público, el Ejecutivo intenta explicar esta situación señalando que el patrimonio inmobiliario del que dispone la administración estatal 'no siempre es capaz de satisfacer las necesidades de superfície, localización o adecuación para la ubicación de sus servicios administrativos'.

Pese a la existencia de más de 35.000 inmuebles no destinados a uso público propiedad del Estado (a fecha 26 de octubre de 2012), el Gobierno considera 'marginal' la cifra de 1.347 arrendamientos de edificios que lleva a cabo la propia Administración General (a datos cerrados el pasado 30 de octubre).

Añade que la Dirección General del Patrimonio del Estado controla que el precio de esos alquileres se ajuste a las condiciones del mercado, y que debe dar su informe favorable para que se produzca cualquier operación de arrendamiento.

Pese a sus justificaciones y al carácter marginal que otorga al problema, el Gobierno señala que el pasado mes de mayo aprobó un Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario del Estado 2012-2020, una de cuyas líneas fundamentales es reducir en un 20% los gastos de arrendamiento en los próximos dos años. Para ello, está estudiando la reubicación de los servicios en edificios de titularidad pública, y, cuando ello no sea posible --en ninguno de sus más de 35.000 edificios sin uso público--, revisar a la baja la renta de los contratos.

En cualquier caso, el Ejecutivo no señala en sus respuestas ni cuánto cuesta el mantenimiento de los bienes patrimoniales, no destinados a uso público, ni lo que paga en los alquileres de edificios.

Sí destaca que, a lo largo de 2012, hasta el mes de septiembre, ingresó 13,5 millones de euros por la venta de fincas urbanas o rústicas, y por el arrendamiento de inmuebles, lo que supera ya la previsión de todo el año 2012 por este concepto, que era de 13 millones.

El Ejecutivo señala que, según el inventario general de bienes y derechos del Estado, la Administración General y sus organismos dependientes tenían, a fecha 26 de octubre,  53.124 inmuebles, lo que incluye fincas rústicas, solares, y edifícios terminados o en construcción. 

De ellos, 35.063 eran de carácter patrimonial, es decir, que no estaban afectados al uso general o al servicio público, aunque el Gobierno asegura que ello no implica necesariamente que no tengan ningún uso, ya que pueden ser enajenados o cedidos o explotados por la Administración. Por ello, cree que no puede afirmarse, de forma automática, que se trata de inmuebles vacíos o sin actividad.

Ocho provincias españolas cuentan con más de 1.000 inmuebles patrimoniales del Estado --no destinados actualmente a ningún uso público--. Son Valencia (con 11.176), Castellón (4.017), León (3.119) , Burgos (2.147), Zaragoza (2.075), Segovia (1.708), Teruel (1.578) y A Coruña (1.157).

Los inmuebles contabilizados incluyen los del Patrimonio Sindical Acumulado, la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, y el Instituto de la Vivienda de la Defensa.

Actualmente, la Administración tiene en trámite 5.239 expedientes de enajenación, cesión de titularidad o explotación de inmuebles.