El euro por receta dejará de cobrarse esta semana en las farmacias de la Comunidad de Madrid, una vez que el Pleno del Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso del Gobierno central contra el impuesto y suspenda cautelarmente su aplicación. El alto tribunal ha incluido la cuestión en la reunión que arranca este martes, según fuentes de dicho órgano.

El artículo 161 de la Constitución establece que la impugnación por el Ejecutivo central de resoluciones de las comunidades autónomas implica su suspensión durante un plazo de cinco meses, prorrogable, mientras se resuelve sobre el fondo del recurso.

Sólo si existiesen defectos de forma en el recurso, el tribunal podría no admitirlo a trámite, lo que es improbable ya que el Gobierno ha seguido el esquema de impugnación del euro por receta en Catalunya, que fue tramitado y suspendido por el TC el pasado 16 de enero. En Madrid, el cobro de este impuesto comenzó a realizarse el pasado 1 de enero.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría informó el pasado 11 de enero sobre la previsión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de recurrir esta tasa al entender que 'vulnera el principio de igualdad' de los ciudadanos y se 'grava un acto médico'.

Entre los motivos, 'los mismos que en el recurso frente al euro por receta adoptado por la Generalitat', el Gobierno 'considera que se grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud (SNS), a través de la prestación farmacéutica'.

Por otra parte, la vicepresidenta destacó que el euro por receta 'afecta a las condiciones de igualdad de los ciudadanos a la hora de obtener una prestación farmacéutica y se grava un acto médico y, además, se abordan condiciones de expedición y dispensación de medicamentos que es materia reservada al Estado'.

'Por tanto, hacemos un ejercicio de coherencia recurriendo por los mismos motivos y con el mismo instrumento que se recurrió en el caso de la comunidad autónoma de Catalunya. Consideramos que el euro por receta aprobado por las comunidades autónomas vulnera competencias que corresponden únicamente al Estado y vulnera el principio de igualdad', añadió, al tiempo que ha recordado que 'el Estado a optado por otros sistema equitativo y que permite diferenciar por rentas y situaciones en el pago de los medicamentos', añadió Sáenz de Santamaría.

En el caso del euro por receta en Catalunya el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy alegó que la medida afectaba a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.