El Tribunal de Cuentas ha acordado auditar ahora la contabilidad del Partido Popular correspondiente al año 2008, el ejercicio durante el cual el extesorero del partido Luis Bárcenas, imputado en el 'caso Gürtel', sacó de su cuenta suiza en el Dresdner Bank de Ginebra un total de 8,5 millones de euros. Ese año, el PP, como el resto de partidos, afrontó los gastos de la campaña de las elecciones generales de 2008, segundas en que Rajoy fue derrotado por Zapatero.

Con el proverbial retraso que caracteriza a esta institución, encargada de fiscalizar y vigilar las cuentas, entre otras instituciones, de los partidos políticos, el Tribunal de Cuentas ha incluido en su Plan de Fiscalización para 2013, que aprobó el pasado mes de diciembre, 'la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente' a los mismos, en el ejercicio 2008.

En lo que se refiere al Partido Popular, el año 2008 fue uno de los que registró donaciones de constructores reflejadas en la supuesta contabilidad 'bis' del tesorero Bárcenas, donde fueron consignados ingresos por ese concepto --según el diario 'El País'-- por valor de 250.000 euros por parte del constructor Villar Mir, propietario de OHL, o de 150.000 euros de Mercadona, entre otros.

Se da la coincidencia además de que 2008 fue el año en el que Luis Bárcenas, entonces tesorero del partido, sacó 8,5 millones de euros de la cuenta que tenía en un banco de Ginebra a nombre de la fundación panameña 'Sinequanon'.

Según él, era dinero de unos socios suyos sudamericanos que había ido acumulando desde antes incluso de entrar en el partido, pero lo cierto es que la cuenta suiza no dejó de engordar coincidiendo con los primeros años del Gobierno de Aznar: saldo de 14,8 millones de euros a finales del año 2005; de 19,7 millones en diciembre de 2006; y, como cifra récord, 22,1 millones de euros al final de 2007.

La cuenta del Dresdner Bank propiedad de Bárcenas, según la comisión rogatoria devuelta por Suiza el pasado mes de diciembre, indicaba que, a finales de 2008, su saldo era de 13,6 millones de euros.

Es decir, que durante ese año, cuando Rajoy compitió por segunda vez con Zapatero por la Presidencia del Gobierno, saliendo por segunda vez derrotado, de la cuenta suiza de 'Sinequanon', o lo que es lo mismo, de Bárcenas, salieron con destino hasta ahora incierto 8,5 millones de euros.

La investigación del Tribunal de Cuentas examinará la contabilidad del Partido Popular y del resto de formaciones, aunque con cinco años de retraso sobre la fecha del ejercicio.

Será una auditoría especialmente relevante, porque será el primer ejercicio completo en el que estaban completamente prohibidas las donaciones privadas anónimas a los partidos, que fueron legales hasta mediados de 2007.

Asimismo, el órgano fiscalizador tiene programado realizar un informe sobre la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales de 20 de noviembre de 2011, en las que Mariano Rajoy se alzó con el triunfo y el PSOE registró su peor debacle electoral en democracia.

Para intentar agilizar su trabajo, al que se pone como principal reparo su demora de años, el Tribunal de Cuentas ha reforzado el departamento que fiscaliza las formaciones políticas, que ha pasado de 12 a 26 miembros.

Según han explicado a Efe fuentes del Tribunal, este verano se llevó a cabo una reestructuración interna para intentar paliar el retraso con el que presenta sus informes sobre la contabilidad de los partidos al Parlamento, a donde llegan con más de cuatro años de demora. De hecho, el último informe fue entregado en el Congreso en abril del año pasado, aunque auditaba las cuentas de 2007.

Entre los motivos de esa tardanza, las fuentes consultadas recuerdan que el Tribunal está obligado a fiscalizar los gastos de los partidos en todas las convocatorias electorales y que esos estudios -numerosos en los últimos años- paralizan el resto, ya que deben ser presentados en un plazo fijado por la ley.

No olvidan tampoco las fuentes las triquiñuelas a las que recurren los partidos para retrasar al máximo la presentación de documentos o solicitar ampliaciones de plazo, aunque siempre, afirman, dentro de los márgenes que permite la ley.

El Tribunal de Cuentas aprobó en 2001 una moción para modificar la ley de financiación de los partidos políticos, que databa de 1987, y el Congreso finalmente aprobó una reforma en 2007 y otra el año pasado. Estas reformas, reconocen las fuentes, no recogieron todas las recomendaciones del Tribunal, pero han mejorado el control de las cuentas.

No obstante, como puntualizó la semana pasada la organización no gubernamental Transparencia Internacional, las auditorías nunca serán capaces de descubrir pagos o cobros irregulares que no están registrados en la contabilidad oficial de la formación política.

Entre las mejoras de las sucesivas reformas, está el fin de las donaciones privadas de carácter anónimo, que fueron legales hasta mediados de 2007. En esa fecha se fijó un tope de 100.000 euros anuales para las donaciones de una misma persona o empresa y se prohibió además entonces recibir aportaciones de empresas que contraten o presten servicios a las administraciones públicas. La opacidad de las donaciones anónimas había sido una constante denuncia del Tribunal.

Según el informe de fiscalización de las cuentas de 2007, los partidos recibieron donaciones privadas por importe de 11,3 millones de euros y 7,1 millones correspondieron a aportaciones anónimas, prohibidas a partir de la reforma legal. El año pasado se atendió en parte otra de las recomendaciones del Tribunal al establecer que las entidades de crédito no pueden condonar a un partido político más de 100.000 euros al año de deuda