La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez que UDC pague 176.000 euros como responsable civil subsidiario y a título lucrativo al considerar que se ha beneficiado de una supuesta trama de desvío de fondos a través de la Fundació Catalunya i Territori (FCT), vinculada al partido democristiano, han explicado fuentes judiciales.

Esta petición del fiscal Francisco Bañeres se produce semanas después de que Unió fuese condenada a devolver 388.483 euros junto a cuatro acusados de la trama 'Pallerols' por haber recibido de forma irregular fondos que tenían que ser destinados a la formación de parados.

En el caso de la Fundació Catalunya i Territori, el fiscal cree que el grupo de empresas IMS --cuyos administradores eran vocales de la fundación-- pagó a la empresa Kontrast Produccions servicios prestados a Unió en la organización de eventos con un coste de 116.583 euros, lo que considera un delito de apropiación indebida. También cree que la fundación abonó a Kontrast facturas por gastos del partido democristiano por un importe de 60.000 euros, según el escrito del fiscal enviado al Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona al que ha tenido acceso Europa Press.

Por otra parte, el fiscal considera que la fundación, destinada a priori a 'impulsar el sentimiento de la nación catalana y fomento de la cultura y lengua catalanas', cedió locales al partido durante largos periodo de tiempo, que luego le vendió a un precio sensiblemente menor al del mercado, lo que representaría un delito de administración desleal. Estas consideraciones se recogen en el escrito enviado al juez contestando a las diferentes peticiones de sobreseimiento de cinco querellados, y que el fiscal descarta al considerar que 'se desprenden indicios serios y fundados de la existencia de comportamientos delictivos' que en su opinión deben resolverse en juicio.

Estos presuntos movimientos irregulares de los que se podría haber beneficiado el partido que lidera Josep Antoni Duran parten de un supuesto desvío de aproximadamente 1.800.000 euros de la fundación, presidida por el querellado Josep Boqué de 2003 a 2006, al grupo de empresas IMS administrada por los también querellados Joan Albert L.S., Miguel Ángel C.G., que eran vocales de la fundación (el primero también tesorero).

'La FCT no recibió nada a cambio de ese dinero, con excepción de servicios de asesoría informática por el razonable importe de 17.000 euros', cree el fiscal, que considera que esta salida de fondos se disfrazó de facturas emitidas desde el IMS y el resto bajo la firma de préstamos hechos de la FCT a IMS.

Sin embargo, UDC ha defendido que la Fundació Catalunya i Territori (FCT) 'no tiene ninguna vinculación orgánica' con el partido.

'Es una fundación privada, tiene sus patronos y su funcionamiento es independiente', ha defendido este miércoles en un comunicado, en el que también se han puesto a disposición de la justicia para aclarar los hechos.

UDC también reitera que no han tenido 'ningún trato' con el grupo de empresas IMS, administrada por vocales de la fundación, que pagaron a la empresa Kontrast Produccions servicios prestados a Unió con un coste de 116.583 euros, según el fiscal que ve indicios de un delito de apropiación indebida.