El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha concluido su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación tras 91 minutos de discurso y no ha sido hasta el final cuando el presidente se ha referido a la corrupción. Sin hacer referencias a Bárcenas, y entre metáforas, el presidente ha destacado que 'toda corrupción es insoportable' y ha garantizado que se realizará una batería de medidas para atajarla.

Las propuestas del Gobierno para mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción parten de un pacto por la transparencia. Así, propone la aplicación de la Ley de Transparencia a los partidos políticos y a otras organizaciones y la aprobación de una Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y de una Ley Orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas. Además, plantea la regulación parlamentaria de los grupos de interés (lobbies), la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La aplicación de los criterios de la Ley de Transparencia se quieren extender a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las empresas y las entidades que se financien esencialmente con fondos públicos.

Según lo expuesto, establecerá un procedimiento de aprobación de las cuentas en los estatutos de las formaciones. Además, el depósito de las cuentas anuales de los partidos en un registro público será obligatorio, al igual que la fiscalización por el Tribunal de Cuentas de todos los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los formaciones. Los procedimientos de contratación de los partidos tendrá su propia regulación y será obligatorio contar con la figura del responsable de la gestión económico-financiera en los partidos, que tiene el deber formal de colaboración con el Tribunal de Cuentas y la obligación de comparecer anualmente ante el Parlamento.

Por su parte, esta ley contemplará la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos y la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato. Además, se establecerán escalas de retribución de los cargos públicos, determinando límites de los sistemas de protección social y compensación tras el cese. El Gobierno señala que se reforzará la Oficina de Conflicto de Intereses y además propone la extensión de estas medidas a los parlamentarios.

Se contempla la creación de un registro de los grupos de interés en las Cortes y se busca establecer un código de conducta con actividades, límites y obligaciones.

Rajoy ha propuesto el endurecimiento de las penas correspondientes a los delitos asociados con la corrupción, además de la ampliación de los plazos de prescripción de estos delitos. 

Esta reforma contempla modificaciones para agilizar la tramitación de los procesos penales por delitos relacionados con la corrupción, como en el tratamiento del enjuiciamiento de los delitos conexos y separar la determinación de la responsabilidad civil respecto de la penal.