El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha realizado su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación apelando a la comprensión de los españoles por haber tenido que cumplir con un 'deber' que le ha impedido ejecutar el programa electoral del PP en 2011. Aunque sus primeras palabras fueron de reconocimiento de la mala situación que atraviesa el país -si bien en esa mala situación no incluyó la corrupción en su partido-, en ningún momento, Rajoy se hizo responsable -ni siquiera en parte- de 'los seis millones de parados', que citó el presidente, ni de unos niveles de pobreza que alcanzan el 26% en España, y que en este caso, el presidente obvió en su discurso. Ni empobrecimiento ni desahucios ni desigualdad social fueron términos recogidos en el texto del presidente del Gobierno, leído íntegramente durante 90 minutos.

Sí es la responsable de los recortes del Ejecutivo, según Rajoy, la 'herencia recibida', para la que el presidente tuvo palabras muy duras. 'No era el Gobierno quien las imponía [las reformas de 2011 y 2012], sino la ruina que nos amenazaba' por la gestión del Ejecutivo socialista. Gracias a esas medidas, es decir, 'si el Gobierno no hubiera cambiado el curso de las cosas',  se habría caído 'en un agujero de renuncias, de estrecheces y de desempleo permanentes'.

Según Rajoy, 'el compromiso está cumplido', porque aunque no se alcanza el objetivo de déficit público impuesto por Bruselas (6,3% en 2012), sí será éste 'inferior al 7%', informó el jefe del Ejecutivo y, aunque renegó de los 'brotes verdes', las 'nubes pasajeras' o los 'anticipos primaverales', dibujó un panorama-bisagra hacia la recuperación económica, avalado por 'el superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente previsto para 2013' obtenido entre julio y noviembre (a falta de conocer los datos de diciembre), que constituye, según el presidente, 'el indicador más representativo del saneamiento de nuestra economía y la base necesaria para la recuperación de la producción y el empleo'.

Para Rajoy, por tanto, comienza una nueva etapa en la que, 'en la medida en que las circunstancias lo vayan permitiendo, iremos haciendo honor a nuestra palabra', en referencia al programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones generales de 2011 y que ha incumplido prácticamente en su integridad durante más de un año. En concordancia con su percepción de la realidad, el presidente desgranó una serie de 'medidas fiscales de estímulo económico' y un conjunto de propuestas para 'mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción', de la que habló como si no fuera con las filas de su partido y/o las carteras de su Ejecutivo.

Trabajo por cuenta propia

Las medidas de carácter fiscal [documento adjunto] se centran especialmente en las figuras de emprendedores, autónomos y de pequeñas y medianas empresas (pymes), así como en el empleo juvenil, el más perjudicado por el paro (55% de los jóvenes españoles no tienen trabajo) El paquete incluye la esperada iniciativa que, a partir de enero de 2014, permite ingresar el IVA hasta que se cobre la factura y que beneficia a las pymes y a los autónomos 'no sujetos al régimen de módulos con un volumen de negocio inferior a dos millones de euros, como establece la normativa europea'. Esta iniciativa, según el documento facilitado por el Gobierno, beneficiará a casi 1,3 millones de autónomos y a más de un millón de pymes. La documentación facilitada por La Moncloa al término de la intervención de Rajoy recoge 'Apoyos fiscales al crecimiento empresarial' y a la 'iniciativa emprendedora' (reducción de tributos y fomento del autoempleo); 'Apoyo a la financiación por 45.000 millones de euros' (estimulación del crédito bancario, más plazo e inversión para pagar  a proveedores o lucha contra la morosidad); 'Estímulo a la actividad emprendedora' (mediante pautas educativas y dirigido, fundamentalmente, a los jóvenes menores de 30 años); 'Empleabilidad' (más y mejor formación, incentivos fiscales para empresas que contraten a menores de 30 años sin experiencia e intermediación laboral público-privada), y 'Competitividad' (unidad de mercado o reducción y simplificación de cargas administrativas)

Control y regulación con excepciones

El presidente del Gobierno quiso dejar para el final su particular alegato contra la corrupción, que no ha incluido mención alguna al escándalo de las actuaciones contables de su ex tesorero nacional, Luis Bárcenas, o a las imputaciones por corrupción de varios dirigentes destacados del PP, como el ex alcalde Pozuelo y ex marido de la ministra de Sanidad, Jesús Sepúlveda, ex concejales, otros ex regidores o los presidentes autonómicos Francisco Camps y Jaume Matas. La metáfora más indicada para estos ex altos cargos conservadores que pronunció Rajoy en su discurso fue 'malas yerbas', aunque su aparición la generalizó a todos los partidos. 'Me repugna que en España surjan casos de corrupción, pero me enorgullece que las instituciones funcionen en su persecución', razonó el jefe del Ejecutivo, aunque se refería únicamente a la Justicia, porque las responsabilidades políticas no las mencionó. Rajoy, aunque reconoció que 'cualquier volumen de corrupción es siempre demasiado', también rechazó -entre murmullos de desacuerdo desde la oposición- que en nuestro país 'haya un estado generalizado de corrupción'

El jefe del Ejecutivo hizo un llamamiento a toda la Cámara para que sus grupos y partidos políticos aceptasen 'un amplio acuerdo que ayude a devolver la confianza de los ciudadanos en sus representantes' y enumeró una serie de propuestas para las que espera contar con 'aportaciones' y el apoyo del resto del arco parlamentario. Así, propuso reforzar la ley de transparencia con la aplicación 'también a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y, 'en general, a todas aquellas entidades que se financien fundamentalmente a través de fondos públicos'. Aunque la Casa del Rey se financia íntegramente con los presupuestos del Estado, Rajoy no la mencionó específicamente y dejó en el aire su inclusión en esta norma.

El presidente pidió asimismo 'un mayor control sobre los partidos, sus cuentas y su gestión' mediante una ley de cuyo carácter retroactivo no se pronunció. También apeló a la necesidad de un 'Estatuto del cargo público' que regularice y equilibre el 'ejercicio de las funciones políticas'; a una 'reforma de las normas que regulen el funcionamiento de ambas Cámaras' y 'las organizaciones de intereses' (los lobbies)  mediante la definición de sus actividades y sus límites, o a la reforma del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal que evite, también, 'una condena pública sin sentencia, para quien no es ni ha sido nunca' un delincuente.