'Cuando la gestión de los centros de atención primaria se realice por cualquiera de las formas de gestión indirecta [...] podrá ofrecerse la misma preferentemente a las sociedades de profesionales sanitarios que presten sus servicios en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)'. Así comienza el borrador del decreto que el Gobierno de Ignacio González publicará en los próximos días para regular 'los requisitos de acreditación' de las cooperativas que se harán cargo de los 27 centros de salud de la Comunidad en los que se van a 'externalizar' servicios.

El Ejecutivo autonómico, con el consejero de Sanidad al frente, ha dado, así, el primer paso hacia la privatización de los ambulatorios anunciada desde noviembre. Aunque los pliegos de condiciones para acceder a las concesiones de dichos centros aún tardará 'en torno a dos meses', según ha declarado hoy Javier Fernández Lasquetty, los requisitos para formar las entidades que optarán a ellas son ya el inicio del proceso. 

Que la totalidad de los socios sean profesionales habilitados para trabajar en los Centros de Atención Primaria (CAP) de la Comunidad y cumplir con la normativa estatal respectiva a sociedades profesionales son dos de los requisitos obvios para tal fin. Asimismo, entre las obligaciones que tendrán que cumplir las cooperativas para optar a la gestión de dichos centros se establecen dos especificidades: que la mayoría del capital y derechos de voto -en sociedades capitalistas- o del patrimonio social y número de socios -en las no capitalistas- pertenezca a 'socios profesionales que presten o hayan prestado sus servicios' en el SERMAS durante al menos un año de los últimos cinco; requisito que también tendrá que cumplir, como mínimo, 'la mitad más uno' (el 51%) de los miembros de los órganos de Administración.

No obstante, esta es la opción 'preferente' para la Consejería, pero la puerta sigue estando abierta también para las empresas privadas que deseen gestionar los ambulatorios públicos. Lasquetty ha asegurado hoy que no saben cuántos profesionales sanitarios hay dispuestos a constituirse en sociedades aunque ha asegurado que en su departamento sí saben que existe interés, informa Europa Press. Por ello, ha dicho que están 'seguros' de que no será necesario recurrir a las entidades privadas: 'No nos planteamos esa posibilidad, sencillamente, porque creemos que va a haber éxito en la forma que preferimos'.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad añade, en un comunicado, que los centros de salud que se van a 'externalizar' tendrán el mismo horario, los mismos productos sanitarios y no sanitarios que los centros que continúen siendo 'de gestión directa' (100% públicos), así como la misma cartera de servicios que ya ofrecen. Además, como ya ocurre con los hospitales 'públicos de gestión privada', la Comunidad pagará a la cooperativa correspondiente 'una cantidad fija por persona y año' en función de la población de referencia de cada centro privatizado y 'una cantidad variable en función del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos anualmente por la Dirección General de Atención Primaria'. 

En cuanto al plazo de concesión, 'la gestión externalizada tendrá una vigencia de 10 años, con posibilidad de prórroga'. El proyecto comenzará a implantarse en cuatro centros de salud -aún no especificados- y luego se extenderá 'progresivamente' a los demás. 'Comenzamos con esta experiencia y lo que queremos es ir actuando progresivamente', ha declarado hoy el propio Lasquetty, que ha apuntado que el modelo madrileño está basado en las Entidades de Base Asociativa (EBAs) de Catalunya.

Por otro lado, el consejero de Sanidad también aprovechó la ocasión este miércoles para atacar de nuevo a parte de los miembros de la marea blanca que sigue protestando día tras día contra el 'desmantelamiento de la sanidad pública'. Preguntado por la reacción de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) en contra de la 'externalización' de los centros de salud, Lasquetty ha dicho que, precisamente, ese colectivo proponía esa posibilidad en un escrito remitido a la Consejería en febrero. A su juicio, Afem está llevando a cabo una 'estrategia de confrontación', que responde a 'una estrategia de poder interno', informa EP.

En cuanto a las renuncias presentadas por los directores de los centros de salud, cuya efectividad está condicionada a la privatización de los centros de salud, Lasquetty ha dicho que en el momento en que se publiquen los pliegos -es decir, en unos 'dos meses-, la Consejería hará efectivas esas dimisiones.