Los jueces de la Audiencia Nacional Ángel Hurgado Adrián, Julio Diego López y Enrique López López han recibido una querella criminal por prevaricación al haber acordado la suspensión cautelar de la declaración que el extesorero del PP Luis Bárcenas ante este tribunal tras la denuncia presentada por Izquierda Unida por el llamado ‘caso de los sobres', por el que éste habría sido el responsable de los pagos irregulares a buen número de dirigentes conservadores.

La querella ha sido presentada por el partido Izquierda Anticapitalista, y otra similar habría sido presentada por Izquierda Unida, por lo que a estos jueces se enfrentan a dos acusaciones diferentes. El portavoz de IA Raúl Camargo explica a Público que espera que las dos se unifiquen en una misma acusación popular para que cobre más fuerza.

Después de la primera querella presentada por IU en febrero, la resolución de los tres jueces de la sección segunda de la AN establecía que la toma de declaración de Bárcenas no era necesaria ni urgente y prohibió que concurriera al primer llamamiento de toma de declaración ante el Juzgado Central de Instrucción Número 3, a cuyo frente está el juez Gómez Bermúdez. Cabe destacar que quien encabeza la Sección Segunda que impidió la declaración de Bárcenas es Enrique López, un magistrado cercano al PP, que ha participado en más de 50 cursos de FAES y es colaborador del diario La Razón.

En su escrito, IA considera que la acción de los tres magistrados firmantes del auto es constitutiva de un delito de prevaricación penado en el artículo 446.3º del Código Penal. 'El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado: Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.'

En la querella se destaca que la resolución de los tres magistrados habría atacado directamente a la independencia judicial del instructor: 'Actuaciones de estas características son un grave ataque a la independencia judicial y a los propios cimientos del Estado de Derecho. Son un peligroso precedente que apuntala una cultura jurisdiccional jerarquizada y autoritaria más propia de otros tiempos'.