El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, alerta sobre la 'inseguridad jurídica' del decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas 'en inminencia' de desahucio 'en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas'.

Zoido se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Televisión en la que ha reprochado a la Junta su afán por 'manipular' y por 'ir a buscar un titular' con esta medida que supone 'romper con los consensos' desde el principio y hacer 'difícil' la resolución de un problema por las 'dudas jurídicas' que plantea el nuevo texto del Gobierno autonómico.

En esta línea, ha acusado al PSOE andaluz de ser 'víctima, una vez más, de las presiones de IULV-CA' y ha asegurado que, si la formación de izquierdas no estuviera en el Consejo de Gobierno, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, no hubiera permitido una normativa autonómica como ésta que 'lo único que pretende es buscar un titular' y que no se va a traducir, según ha augurado, 'en ninguna medida real para las personas que las necesitan'. 'Y si no, vengamos aquí dentro de seis, ocho meses o un año y hablemos otra vez de estas medidas que dicen ser innovadoras y revolucionarias y vemos en qué se han traducido', ha propuesto como desafío.

El también alcalde de Sevilla, que ha admitido que no conoce la 'letra pequeña' de la nueva normativa autonómica hasta el momento, ha señalado no obstante que el decreto ley de la Junta 'copia' las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy sobre los desahucios y que, por tanto, la Administración autonómica no tiene que preocuparse por 'garantizar que una persona en situación de emergencia social no pierda su vivienda porque eso ya está garantizado por el Gobierno de la Nación'.

Así, y tras recordar que fue con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando Carmen Chacón, entonces ministra de Vivienda, 'impulsó la creación de juzgados para los desahucios exprés' y cuando, 'siendo (Manuel) Chaves presidente de la Junta, más desahucios se han producido' en el país, Zoido ha insistido en recalcar que 'el único Gobierno que ha decidido parar y dar orden de que no se desahucie a nadie por emergencia social' ha sido el de Mariano Rajoy, por lo que no entiende que 'ahora todos los movimientos' sean 'contra el PP' cuando 'esto ya pasaba hace un año'.

De ahí que haya apuntado a que existe una 'manipulación política' en el tema de los desahucios para 'confundir' a los ciudadanos y para evitar que se vea con claridad que el del PP ha sido 'el primero y el único Gobierno que ha regulado la dación en pago con carácter retroactivo para familias en situación de vulnerabilidad, el primero que ha paralizado los desahucios y el primero que ha puesto en marcha un fondo social de viviendas'.

Pero el decreto ley andaluz sobre la función social de la vivienda ha levantado ampollas también el que Gobierno central, que ve cómo su propuesta de reforma de la ley hipotecaria es rechazada por todos los grupos parlamentarios. Aún así, e Ejecutivo sigue con su hoja de ruta sobre el drama de los desahucios.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defiende la medida impulsada por el Gobierno y asegura que la solución al problema de los desahucios debe ser común para el conjunto de los españoles, 'al margen de la comunidad en la que vivan'. 'No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo', ha dicho Ruiz-Gallardón en los pasillos del Congreso, donde también ha dicho que estudiará 'el encaje legal' de las medidas anunciadas por el Gobierno andaluz.

Desde su gira latinoamericana, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha mostrado su sorpresa por lo que califica una 'vulneración de derechos de la propiedad' y ha criticado que el Gobierno de Andalucía haga 'demagogia' con el derecho a la vivienda, y ha calificado de 'populismo' la posibilidad de que la Junta de Andalucía pueda hacer expropiaciones temporales.