'La Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas [...] no es algo que se pueda hacer o dejar de hacer'.  Así se ha expresado hoy, en un vídeo-comunicado, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, con relación al anuncio de la Generalitat de que no acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que dictamina contra la inmersión lingüística en la comunidad.

El TSJC obliga al sistema educativo de la Comunitat a impartir clases en español y catalán al 50% (y no mayoritariamente en catalán, como hasta ahora) en las aulas donde alguno de sus alumnos solicite judicialmente ser escolarizado en castellano. La consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, anunció ayer (y ha remarcado hoy) que el Govern no acatará el dictamen y que la lengua cooficial seguirá siendo la vehicular en el sistema autonómico. Los diputados de ERC Joan Tardà y Alfred Bosch también han protestado por dicha resolución y han hablado catalán en sus intervenciones en el Congreso, motivo por el que han sido expulsados de la tribuna. 

Wert, por su parte, ha respondido a todo ello alegando que no es una cuestión en la que 'ni el Gobierno ni la Generalitat deban entrar' porque 'la Constitución también dice que son los tribunales los que tienen que hacer cumplir la sentencia'.

No obstante, el ministro de Educación, que ya anunció su intención de 'españolizar a los alumnos catalanes', quiere obligar a las Comunidades con lengua cooficial a financiar la enseñanza privada a aquellas familias que quieran escolarizar a sus hijos con el castellano como lengua vehicular. Así está previsto en el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que ya ha iniciado su camino para convertirse en ley. 

'Lo que está claro también es que esta cuestión hay que aclararla normativamente y eso es lo que intentamos hacer con la ley: aplicar lo que la jurisprudencia ha determinado para que el castellano y el catalán se apliquen en ese sentido en la educación en Catalunya', continúa Wert en el vídeo-comunicado. Sin embargo, el ministro ha hecho caso omiso a la jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto a la financiación pública de los colegios que segregan por sexo. Aunque el Alto Tribunal ha dictaminado en varias ocasiones en contra de dichos conciertos, el ministro los protege por ley en el anteproyecto de la Lomce.

Wert se ha manifestado siguiendo el argumentario marcado por el PP catalán (mensaje que la dirección nacional y catalana del partido han trasladado a sus filas para que opinen públicamente respecto a este tema). 'Las medidas cautelares dictadas por una instancia judicial [impartir las clases en castellano] son siempre de obligado cumplimiento, aunque se pueden recurrir ante el Tribunal Supremo', opinan los conservadores. 'Si te ponen una multa la has de pagar, aunque la recurras, que puedes, pero primero la pagas', ejemplifica el citado argumentario.

Al igual que el mensaje de Wert, el partido asegura que la inmersión lingüística con el catalán como lengua vehicular es inconstitucional y, desde el PPC preguntan a Rigau 'cuántas sentencias necesita para corregir el modelo lingüístico de inmersión obligatoria en una sola lengua oficial, implantando el modelo de “conjunción lingüística” previsto en la propia legislación lingüística catalana y avalado por el TC, que no segrega ni separa niños y garantiza los derechos individuales'.