Los servicios jurídicos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han anunciado este viernes que recurrirán las sanciones que imponga la Delegación de Gobierno a los identificados por participar en escraches en Madrid.

Así lo ha indicado uno de los letrados de la plataforma. 'Es una acción legal. No se ha hecho nada ilegal porque no se ha vulnerado la Ley. No ha habido ni violencia ni intimidación ni coacciones', ha aseverado el abogado.

Además, ha recalcado que 'hay que respetar el derecho de reunión'. 'No nos van a amedrentar porque sabemos que tenemos la razón- No vulneramos la Ley. Las concentraciones son absolutamente legales. La represión a los movimientos sociales es evidente', ha recalcado.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha propuesto hasta ahora sancionar a un total de 26 personas por participar en los escraches realizados a la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , y a una diputada del PP.

Sin embargo, la delegada del Gobierno en Madrid, Critina Cifuentes, no comparte el mismo criterio que los activistas y asegura que las sanciones vienen por incumplir 'las leyes que se aplican siempre que hay concentraciones no comunicadas'.

'Si falta esa comunicación se aplican las leyes pertinentes, y se hace siempre. No es que se haya hecho ahora de manera específica porque estén yendo a domicilios a hacer estas actividades', ha aseverado. Cifuentes ha defendido el derecho de los ciudadanos a manifestarse y protestar, pero siempre que se haga 'de manera pacífica y conforme a lo que mandan las leyes'.

En concreto, 19 de las personas propuestas para imponerles una sanción fueron identificadas en el entorno del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, y siete, junto al domicilio de una diputada del Partido Popular, en la calle Ibiza. Las identificaciones se realizaron, según la Delegación, 'en aplicación de la Ley Orgánica Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana'.

En el caso de los escraches realizados el 4 de abril en la calle Ibiza, se han abierto dos expedientes sancionadores por falta grave, con una propuesta de sanción de 1.500 euros, y 5 por falta leve, con sanción de 200 euros.

En cuanto a la concentración frente a la casa de la vicepresidenta del Gobierno, se han iniciado 19 expedientes administrativos sancionadores. En tres de los casos la propuesta de sanción es de 1.500 euros, por falta grave, y en 16, entre 200 y 250 euros, por falta leve.

En total, en ambas concentraciones se han abierto 5 expedientes por falta grave, al considerarse que los expedientados tienen el carácter de promotores u organizadores, y 21 por falta leve.