La defensa de la infanta Cristina considera que la decisión del juez José Castro de imputar 'de oficio' a su cliente es  'más propia del denodado y anticonstitucional sistema inquisitivo' que del procedimiento justo que garantiza el artículo 24 de la Constitución Española. Con este alegato, el equipo de abogados de la hija pequeña del rey, a cuya cabeza está el exportavoz de CiU y 'padre de la Constitución' Miquel Roca, irrumpe con fuerza en la causa, en la que se personaron la semana pasada a raiz del auto de imputación.

Esas afirmaciones figuran en el escrito, de 32 folios, que los abogados de Cristina presentaron este martes al juez Castro para adherirse al recurso de apelación de la Fiscalía contra la inculpación de su cliente. Subrayan que en la causa no hay indicios incriminatorios contra ella, y que, además, los hechos que le achaca el juez no son delito. Piensan además que el juez ha vulnerado el principio acusatorio al actuar de oficio y no a petición del fiscal o el resto de acusaciones.

Además, el escrito sostiene que para personas de trascendencia pública como la infanta, la declaración como imputada ante el instructor 'tiene un sentido punitivo adicional', que exige 'un especial ciudado en el momento de valorar la solidez de los posibles indicios que hipotéticamente habrían de conducir a la imputación'. De hecho, compara la posición de la infanta con la de las autoridades que tienen aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo --ministros, diputados, magistrados, etc...--. 

Los abogados desacreditan los correos electrónicos aportados a la causa por Diego Torres, exsocio de Urdangarin, por carecer de 'relevancia alguna' para basar la imputación de la infanta. En ese sentido, recuerdan que alguno de los mails se dirigían a 76 destinatarios, lo que los invalida como parte de una 'conspiración delictiva secreta'.

Añaden que, en su opinión, la verdadera base de la imputación de Cristina es la declaración prestada en el Juzgado por el propio Torres, pero recuerdan que, como imputado, tenía derecho a mentir, por lo que sus manifestaciones tienen menor credibilidad, y además han sido desmontadas en varios puntos por la Fiscalía Anticorrupción.

El recurso indica que lo averiguado durante la instrucción sobre el papel de la infanta en Nóos es 'absolutamente insuficiente para dirigir una imputación penal contra una persona, sea cual sea la identidad o condición de ésta', ya que debe basarse en 'hechos-base' de una participación relevante en presuntos delitos.

Los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva exponen además que la condición de imputado implica 'cargas o efectos negativos, tanto procesales como extraprocesales'.

Exponen en el recurso que comparten en su totalidad las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto del juez, en el sentido de que la imputación vulnera el principio de igualdad, así como la inexistencia de infracción penal, de indicios incriminatorios previos y de datos sobre su participación en los delitos contra la hacienda pública.

El sistema inquisitivo al que alude el recurso fue el practicado por la Iglesia católica desde la edad media, que se caracterizaba por la actuación del juez de oficio a partir de denuncias anónimas, y que se trasvasó al derecho civil hasta su sustitución por el sistema acusatorio. Era el llamado Santo Oficio, o Inquisición. La defensa reprocha al juez Castro haber imputado a la infanta Cristina de oficio, sin que se lo pidiera la Fiscalía ni ninguna otra acusación --aunque Manos Limpias lo hizo hace un año, siendo denegada entonces su solicitud--.

Pese a haberse suspendido su declaración como imputada por el propio juez, la defensa de la infanta Cristina, que ejerce el exdirigente de CiU Miquel Roca, se personó en la causa la semana pasada. El juez imputó a la infanta por presunta complicidad o cooperación necesaria en los delitos de su marido, el exjugador de balonmano Iñaki Urdangarin. La citación está en suspenso hasta que la Audiencia de Palma de Mallorca resuelva los recursos, que comenzará a estudiar a principios de mayo.

El escrito indica también que las inferencias del juez Castro son 'extraordinariamente abiertas e indeterminadas', hasta el momento que podrían arrojar tanto las conclusiones del instructor como otras 'radicalmente diversas'.

En otro punto, menciona que el derecho penal tiene en cuenta la relación de confianza especial que supone el matrimonio, en este caso de Cristina con Urdangarin, y que estaba reforzado por la posición que ejercía en este caso como 'garante de tutela' el también imputado en la causa y secretario del Instituto Nóos, Carlos García Revenga, asesor personal de la infanta.