Las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se tramitó como Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, han decidido retirarla con el fin de 'poner en evidencia que el texto del PP supone el rechazo frontal a esta proposición, y que en su nombre no puede tramitarse la misma'.

Sin embargo, el Congreso les ha respondido afirmando que 'no cabe' cancelar una propuesta legislativa que ya ha sido admitida a trámite, por lo que previsiblemente quedará como un pronunciamiento simbólico. 

'Hemos pedido la retirada formal de la ILP porque es nuestra y la seguiremos defendiendo en la calle' con actos de desobediencia civil, ha explicado la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que, de todas formas, mantiene la mano tendida al Gobierno y pide que rectifique su posicionamiento.  Pero desde la Cámara baja insisten que tanto la ILP como cualquier otra iniciativa legislativa 'pertenece' al Parlamento una vez que ha sido admitida su tramitación, máxime en este caso, en que la propuesta ciudadana -refundida con el proyecto de ley del Gobierno sobre el mismo tema- está a punto de concluir su tramitación con su aprobación.

Mientras, en un comunicado, las entidades impulsoras de la ILP, entre las que se encuentra la PAH, CCOO, UGT y la Confederación Española de Asociaciones de Vecinos (CEAV), han denunciado la voluntad del PP de aprovechar la tramitación parlamentaria de la ILP 'para eliminar las propuestas de esta iniciativa ciudadana'. A su juicio, la nueva proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social 'desconoce las legítimas pretensiones de la ILP', entre las que se encuentran la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales de deudores hipotecarios y la posibilidad de que las personas afectadas puedan permanecer en sus viviendas en régimen de alquiler social.

'El texto que se ha conocido supone una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su conjunto', se han quejado las entidades defensoras de la ILP, que mantienen que 'una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras'.

Las organizaciones promotoras han recordado que ILP fue admitida a trámite en el Congreso y, pese a ello, el PP 'elimina todo rastro de la ILP para la dación en pago'. 'Con su texto, el PP no resuelve el problema social de la deuda hipotecaria, ni de los que ya han sido desahuciados ni de los que lo serán en el futuro', han augurado.

Finalmente, han insistido en que la ILP permitía ofrecer una segunda oportunidad a las familias liberándolas de la condena financiera, y facilitar su acceso, en régimen de alquiler social, a las viviendas vacías en propiedad de las entidades financieras. 'La reforma del PP, contraria a esos principios, seguirá condenando a la pobreza y a la exclusión social a cientos de miles de personas', han sentenciado.