El artículo 49 de la Constitución Española es el único que regula expresamente los derechos de las personas con distintas capacidades. Prefiero emplear este término y no los utilizados como minusvalía, discapacidad o disminuido.

Han transcurrido casi 35 años desde que se sancionara y publicara esta norma suprema del ordenamiento jurídico español. Actualmente la situación de las personas que soportan una enfermedad mental sigue siendo desfavorable en relación a la intensidad y el alcance social que ampara el mencionado artículo.

Mi corta pero intensa experiencia con el mundo de la locura me permite relatar el impacto que me produjo aterrizar en un hospital psiquiátrico decadente y el handicap social que prevalecía para el paciente fuera de la institución. La primera vez que acudí al hospital aún perduraba en la atmosfera lo rancio del sanatorio y la preponderancia o superposición respecto al otro era la dinámica habitual. 

Resultaba espinoso intentar desterrar la imagen que se tenía del loco a nivel comunitario cuando desde dentro de la institución este se encontraba señalado.

¿Qué le sucede a las personas con determinadas limitaciones psíquicas que son protegidas de manera ficticia por el estado democrático y de derecho español? El resultado establecerá una relación con la exclusión social o la limitación de oportunidades que permitan mejorar su calidad de vida.

Esta situación de desprotección jurídico-social priva a la persona de un derecho contemplado constitucionalmente creando desventaja socialmente cuando esto debería acaecer al revés. Paciente y familiares encararán una serie de obstáculos que la sociedad obvia, en ocasiones reconoce pero nunca agita lo necesario las conciencias sociales.

Existen obstáculos sempiternos como la losa del estigma, aquella que cataloga al paciente como diferente, donde su proximidad advierte de un peligro a evitar. Nunca será suficiente demostrar lo vulnerable que es la locura, los continuos abusos a los que se la sometió antes y ahora. Lo sencillo es quedarse con las  noticias aisladas y sensacionalistas publicadas en los medios de comunicación. Suelen relacionar la locura como agresora creando una atmosfera negativa y generalizada alrededor de la misma. Si alguien es precisamente damnificado es el paciente psiquiátrico a quien se señala solo por el mero hecho de serlo.

Otro obstáculo importante es la discriminación de derechos, es consabido que históricamente es el colectivo más injustamente tratado. No son personas que suelan demandar nada como tampoco sus familias, es un silencio aprovechado por las distintas administraciones para encajonarlos en el olvido social.

Luego está la predisposición de decidir por ellos, quizá sea lo más indigesto. La gran mayoría de las personas próximas que interactúan con la locura adoptan al menos dos actitudes que conviene bien calibrarlas; la del saber, se creen legitimados a decidir que más le conviene al paciente y la posición de poder, creerse por condición social superior al otro. En estas relaciones interaccionan profesionales, familiares o personas que se relacionan con la locura.

Ahora bien, ¿quién debe salvaguardar los derechos de estas personas? ¿Quién se encarga de verificar que la naturaleza de sus derechos estén garantizados en su totalidad? Desconozco la existencia de algún comité de ética externo que se responsabilice de mejorar la calidad de vida dentro y fuera de la institución psiquiátrica.

Recluir al loco en instituciones psiquiátricas puede que en parte del territorio nacional suene a remoto, distante o lejano en el tiempo, pero esto no es así, y más ahora que se presumía que con la Ley de Dependencia se posibilitará igualar los derechos de cualquiera persona que tenga limitada su autonomía.

La experiencia me dice que precisamente esta ley ha sido otro obstáculo más para la externalización y mejora de la calidad de vida del paciente psiquiátrico. Es más, ha colaborado en perpetuar al paciente psiquiátrico en la escasez de oportunidades que permitan vivir en la comunidad de una manera digna. Para argumentar mi afirmación ofrezco datos objetivos de mi centro de trabajo.

En el año 2005 me encontré con no pocas personas recluidas por tiempos que oscilaban entre los 25, 30, 40 o 50 años. No disponían de una red socio familiar que los ayudase a su salida hospitalaria precisando de un recurso residencial normalizado para garantizar sus cuidados más básicos. Más del 70% de los pacientes se fueron a dispositivos residenciales privados o de carácter benéfico. Un 26%, a residencias especializadas. Sólo un 4% se vieron favorecidos por la Ley de Dependencia.

Este porcentaje resulta escandalosamente escaso y se origina por algo que lo produce. El detonante es el filtro excluyente que se recoge en un baremo de valoración que en su aplicación sólo considera la capacidad motora y no así la mental. La estratagema errónea reside en contabilizar la autonomía externa y no la interna de la persona.

Ni que el paciente no supiera coger una cuchara, asearse o utilizar un trasporte público. En lo que no reparan es que, en ocasiones, si no le haces la comida no comen, si no lo animas al aseo no lo hacen y si no se encuentran estabilizados utilizan el transporte para alimentar su nomadismo. Necesitan determinados estímulos para movilizar aspectos vitales.

Los informes clínicos tienen un verdadero valor, son documentos biográficos que reflejan el alcance de las limitaciones del paciente. Si los mismos fuesen verdaderamente tenidos en consideración se harían modificaciones oportunas en los baremos y no se darían las injustas puntuaciones que se asignan.  

Según refiere el psiquiatra Bobes, en abril del 2011 sólo había 17.000 enfermos mentales en el sistema de la dependencia de un total de 720.000 y, a decir por los expertos, nada garantiza que estos estén bien valorados. Puedo añadir para más inri que las nuevas revisiones que se han hecho ya sea de oficio o por considerar injusta las valoraciones realizadas se le ha otorgado al paciente todavía menor puntuación.

Esta circunstancia de capital importancia deriva en la dificultad para escapar de la red de la locura y del confinamiento psiquiátrico. El paciente es desamparado de sus derechos, sin salida al horizonte democrático. La institución psiquiátrica se encuentra inamovible, no necesita levantar muros ni cerrar puertas como antaño, es la propia administración la encargada de la perpetuidad en el tiempo para quien la habita.

¿Qué acontecerá con el paciente con patología psíquica que precisa de recursos para vivir dignamente en una comunidad de la que todos formamos parte? Realmente, el horizonte se pigmenta blanco y negro. Si el estado de bienestar no las protege, su futuro comunitario dependerá de las instituciones privadas o benéficas. La mayoría de estas personas se sujetan en la escasez: carencias económicas, redes sociofamiliares, acotaciones al acceso del mercado laboral o por una sociedad escasa que los atienda.

Los profesionales somos conscientes de que determinadas altas hospitalarias son dadas en condiciones inadecuadas; es más, se tiene la certeza de que su calidad de vida no mejorará. 

La Administración Autonómica de Galicia contempla a este colectivo dentro de una absurdez administrativa que es derivada del desatino e insensatez. Todo ciudadano puede verse beneficiado a través de la Ley de Dependencia que se tramita a través de la Consellería de Traballo e Benestar. También dispondrá de escasos recursos  en la Consellería de Sanidad, lo que suscitará el desconcierto a la persona sobre donde solicitar sus derechos introduciéndola en ese desorden administrativo. No hay líneas de trabajo serias para solucionar estos desatinos, se relega a distintas competencias, partidas presupuestarias diversas sin establecer puentes operativos entre distintas consellerías o valorar incluso la unificación de las mismas.

Respecto al nuevo panorama social en el que se asoma la Ley de Dependencia, consideremos las decisiones políticas que se han vertido en los últimos años. En su día, el Gobierno socialista concedió a los ciudadanos residentes en este país el cuarto pilar del estado de bienestar español. En cierta manera se hacía justicia a determinadas prestaciones que una sociedad nunca puede obviar. Sin embargo, la ley carecía de dos cuestiones determinantes para su consagración: la insuficiencia de financiación y la carencia de recursos en el sistema.

En noviembre del año 2011, el hoy presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, manifestó públicamente la inviabilidad de la Ley de Dependencia y mencionó a continuación que se hará 'lo que se pueda'.  Finalizando ese mismo año y siendo ya presidente del Ejecutivo de este país, se suspende un año la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema. En julio de 2012, a través de un decreto ley, se establecen nuevas medidas para las personas dependientes. Entre algunas de las medidas, se acuerda: 

- Rebajar un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares, otorgándose libertad a las comunidades autónomas para poder incrementarlas hasta llegar a un 85%.

- Pérdida de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los cuidadores no profesionales. Hasta entonces el Estado se obligaba a hacerse cargo de las mismas. 

- Ampliación del plazo para atender a dependientes sin generar retroactividad en sus derechos.

- Simplificación de los grados de reconocimiento de dependencia.

- Se pospone para el 2015 la incorporación de nuevos usuarios dependientes con grado I.

- Establecimiento del copago: se puede aplicar hasta el 90% del coste a cargo del usuario en algunas situaciones.

En las conclusiones del IX Dictamen del Observatorio de La Dependencia, se señala la eliminación del Nivel Convenido de Financiación a las comunidades autónomas, por un importe de 283 millones de euros. Lo que supone un recorte salvaje que impedirá a las comunidades autónomas cumplir sus obligaciones contraídas con las personas dependientes y sus familiares.

También el dictamen hace mención a las distintas puntuaciones dadas a las comunidades autónomas, la gran mayoría de las mismas con notas deficientes sobre la gestión en su comunidad. Con esta situación, la Ley de Dependencia ha retrocedido alarmantemente en sus expectativas iniciales. Estas no eran otras que atender las necesidades de las personas más desfavorecidas, aquellas que económicamente no pueden sufragar o mitigar sus limitaciones. Es un acto de alta traición social. En el caso de los pacientes psiquiátricos, han resultado doblemente excluidos. En su día fueron incluidos en el último momento en la tramitación de la ley en el Congreso y solo a modo testimonial, lo que significa la consideración que suscitaban. Todo para aplicar un baremo excluyente o que posterga sus derechos a la cola de la masa social dependiente. Se puede afirmar que actualmente la fractura existente en cuanto a sus derechos sociales con el resto de la población se ha incrementado.  

Estoy plenamente de acuerdo con cualquier axioma que haga referencia a la protección del bienestar del individuo por encima de cualquier otro elemento personal o social. Un sistema político debe elevar al máximo valor exponencial cuestiones elementales como la sanidad, la educación y la atención social de los individuos que la conforman. Situaciones de especial protección por encima de cualquier otra necesidad y de otro orden. Obviar esto implica una ceguera política de enorme calado y de enorme preocupación para cualquier sociedad.

Vivimos un delicado momento social que desorienta a la ciudadanía. Claudicar ante el orden económico-social que intenta imponer nuestra clase política sería retroceder en el enorme esfuerzo conseguido por esta sociedad. Esta degradación de los derechos adquiridos en los últimos años induce a una situación de exclusión social, situando al paciente psiquiátrico como colectivo inexistente o de entidad inmaterial.

Si son capaces de empobrecer socialmente a quien mantiene la cordura, que no harán con quien entrega su esfuerzo a los menesteres de la locura. Han empleado un tiempo excesivo en mejorar de manera insuficiente la calidad de vida de estas personas, precisando de esfuerzos considerables por parte de profesionales, asociaciones o familiares, originando desgastes personales que sólo algunos pueden intuir.

Quienes estamos próximos a estas historias de vida debemos comprometernos a alzar sus voces silenciosas. Señalemos públicamente a quienes permiten que el olvido de estas personas madure entre la sociedad. Nunca resultará extenuante perseverar en mejorar la vida de quien habita los vértices de la locura. Resignarse es contribuir a la perpetuidad de sus silencios.

* Luís Carmona es trabajador Social de la sección de Rehabilitación Psiquiátrica del Hospital de Piñor (Ourense).