El 14 de septiembre 2011, miles de personas comenzaron el curso escolar con una manifestación masiva contra la reducción de 3.200 profesores en la Comunidad de Madrid. Los docentes habían celebrado tres asambleas después de que en julio, la consejera Lucía Figar decidiera unilateralmente el recorte de interinos como resultado de elevar en dos horas el horario lectivo del resto de profesores. Ese día, el verde se convirtió en el color de la marea educativa contra los gobiernos de derechas. En toda España, se unieron alumnos, padres y profesores. Salieron a la calle y convocaron huelgas; la última, el pasado jueves, que dejó sensación de triunfo y no sólo por el amplio seguimiento, sino porque en la manifestación ya sobrevolaba la noticia de que el Gobierno había decidido aplazar la aprobación de la reforma educativa.

'El único lenguaje que entiende el Partido Popular es el de la protesta en las calles, esa es la única manera de combatir esta batería de ataques del Gobierno que parece no tener  fin', afirma Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes (SE). Para ella, el 15-M fue 'el principio de una rebelión social' que ahora, con el paro juvenil superando ya el 57%, tiene más sentido que nunca. Este curso, los estudiantes han convocado tres paros: en octubre, con los padres; en febrero, solos y el pasado jueves, por primera vez con padres y profesores. 

Esta unión es, precisamente, 'la virtud' de la marea verde, según José Luis Pazos, portavoz de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). La gestión colectiva sin que exista un sector predominante ha hecho posible la confluencia de los miembros de la comunidad educativa de todas las etapas y, con ella, el nacimiento de la Plataforma por la Escuela Pública, formada por el SE, CGT, UGT-Fete Enseñanza,CCOO, STEs, Ceapa y la Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP). 'Esa nueva forma de reivindicar, siendo compañeros de viaje, dio pie a las mareas educativas de otros territorios (la catalana, por ejemplo, es amarilla) y a nuevas mareas sociales (la blanca de la Sanidad, la morada de las mujeres o la negra de los funcionarios)', señala Pazos. El 'ataque frontal' del Gobierno nos afecta a todos por igual, insiste la Ceapa, porque el Ejecutivo de Rajoy pretende un 'cambio de modelo social'. 

El ataque a la educación que denuncia la marea verde, es decir, los 3.000 millones de euros que el Gobierno ha recortado en esta cartera, se traducen en una merma en la calidad y el acceso a la enseñanza. Hay menos profesores (cerca de 20.000 según Comisiones Obreras), menos ayudas para la compra de libros de texto (el presupuesto ha descendido en un 76%) y menos becas de comedor (muchas comunidades han limitado el acceso a estas ayudas a colectivos con dificultades económicas y algunas incluso cobran a los para que los alumnos lleven el tupper al colegio). Otras cosas, directamente, han desaparecido, como el Plan Proa (para potenciar el rendimiento escolar), el programa Educa3, para construir centros de educación infantil, o el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza. Lo único que crece es el número de niños por aula (un 20%), las horas lectivas de los profesores, el precio de las matrículas universitarias, hasta el 50%, y la nota para acceder a una beca.

Precisamente los estudiantes universitarios han sido otro colectivo clave en la movilización en defensa de la educación pública. Víctor Valdés, portavoz de Toma La Facultad, considera que la primera muestra de su hartazgo fue la manifestación del 7 de abril de 2011 -anterior al 15-M- bajo el lema 'Sin casa, sin curro, sin pensión y sin miedo'. 'Ese movimiento sirvió de eje articulador de la sociedad y aunque el 15-M ya no es lo mismo que hace dos años, se ha diversificado y ha abierto una línea de fuga', señala Valdés. Los universitarios se han unido para plantar cara a Bolonia y a los 'planes privatizadores' del ministerio de Educación. 'Hemos articulado un estudiantado consciente y Wert ha logrado que la sociedad se una para luchar en contra del desmantelamiento de la educación pública', insiste Valdés.

Esa lucha en la calle, primero contra los recortes autonómicos y luego contra la ley que prepara el ministro, que según los expertos consagra la desigualdad y pone en riesgo la educación pública y la calidad de la enseñanza, ha hecho posible también otro aspecto importante: 'Poner en valor la educación, que la gente entienda que es un pilar del Estado de Bienestar y que, si se quiebra, se quebrará también la cohesión social y el desarrollo económico'. Lo dice Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, quien recuerda que el Gobierno tiene previsto que la inversión en educación sea el 3,9% el PIB en 2015 (ahora está en el 4,8%), lejos de la media europea, que se encuentra en el 5,4%. 'Ni siquiera cuando la educación de 3 a 5 años no era obligatoria, hemos invertido tan poco en enseñanza', denuncia. Por todo ello, García ve el futuro 'de pelea contra las política neo-liberales para evitar que se quiebre el estado social'.

Coincide en esta percepción Carlos López, secretario general de FETE-UGT, quien afirma que la marea verde 'surgió en un momento de gran contestación social' aunque reconoce que ahora 'estamos peor que entonces'. 'Primero por los recortes y luego por la reforma educativa, que elimina la asignatura de Educación para la Ciudadanía y vuelve a criterios del franquismo', señala López.  Unidos en la lucha; padres, profesores y alumnos comparten también la visión de un futuro educativo: difícil y marcado por la confrontación.