Un día después de que su caso escandalizara a todo aquél que lo conoció a través de los medios, la hondureña María Concepción Amaya Guzmán, recibió finalmente una llamada del hospital. ¿Reaccionaba la Sanidad valenciana tras saltar a la luz que, según una denuncia de la paciente, se le había dejado sin atención hospitalaria y con el cráneo abierto tras una operación por el mero hecho de no tener regularizada su situación en el país? No, la llamada finalmente era para citarla para realizarle un TAC, cuya evaluación médica se le comunicará, si no cambian las cosas, el próximo 4 de junio.

María Concepción, con fuertes dolores de cabeza y medio cuerpo insensibilizado, acudió a esta prueba médica, la primera programada desde que se le dio de alta el pasado 14 de febrero, acompañada de su hermana y con la ayuda de una persona de una comunidad de hondureños organizada en Valencia, puesto que la sanidad pública no puso una ambulancia a su disposición.

Sin embargo, consultadas al respecto de si la atención que se está dando a esta ciudadana es la correcta, fuentes de la Consejería de Sanidad valenciana se limitaron a asegurar por medio de un comunicado que, 'independientemente de su situación de aseguramiento, desde el primer momento ha recibido toda la atención que precisa por parte del equipo médico del centro, ha sido intervenida, y tiene citas programadas para seguir su evolución'.

En el mismo sentido se manifestaba horas después el hospital que la trató a principios de enero. 'Se han utilizado todos los medios disponibles y se ha actuado siempre según marcan los protocolos clínicos', apuntaban en un comunicado, en el que añadían que, para restaurar el fragmento óseo retirado, lo habitual es que transcurra 'un tiempo de al menos 6 semanas a 3 meses desde la intervención quirúrgica, siendo lo habitual realizarla aproximadamente a los 6 meses'.

La versión del Hospital General coincidía a grandes rasgos con el relato de los hechos ofrecido por María Concepción y su hermana Mirian, estableciendo el protocolo seguido como el estándar. Sin embargo, al margen de que la primera cita tras el alta, según la paciente, se obtuvo por la mediación de su consulado y no porque se hubiera establecido tras el alta, tampoco la consejería ni el hospital hicieron referencia alguna al proceso de rehabilitación que Maria Concepción no siguió, al informársele en su centro de salud que debería costeárselo por no tener sus papeles en regla y no tener recursos para hacerlo.

'La paciente fue atendida inicialmente en el Servicio de Urgencias y posteriormente ingresada en el Servicio de Neurocirugía, sin tener en cuenta su situación de aseguramiento', manifestaba el comunicado del hospital, como si fuera una actuación ejemplar. Sin embargo, eso es el mínimo que establece la ley tras la última reforma del sistema sanitario.

Como estableció el Real Decreto Ley 16/2012, desde el pasado 1 de septiembre, las personas extranjeras que no se encuentran en una situación regular sólo tienen garantizado el acceso a la asistencia sanitaria en caso de embarazo, parto y postparto; si son menores de dieciocho años, asilados, refugiados o solicitantes de esta protección; víctimas de trata en periodo de restablecimiento y reflexión; o si, finalmente, acceden por servicio de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica, como es el caso de Maria Concepción Amaya.

Precisamente la pasada semana, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud en la Comunidad Valenciana (Odusalud) -promovido por la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo y Cáritas, e integrado por más de 40 entidades- denunció que más de 300 personas se han quedado sin atención médica tras cinco meses de aplicación del Real Decreto, ' aprobado presuntamente para garantizar la sostenibilidad del sistema'.

Los responsables de Odusalud destacaron haber detectado en los primeros tres meses del año casos de menores que no han recibido una atención médica, además de registrar situaciones de enfermos crónicos con dificultades para acceder a su tratamiento. Además, señalan, aunque la mayor proporción de personas que han dejado de recibir atención sanitaria sigue siendo la que se encuentra en situación administrativa irregular, también afecta a personas regularizadas, nacionales y de la Unión Europea. En el caso de las denuncias de ciudadanos españoles, la dificultad de acceso a los medicamentos por motivo económico es la incidencia más común.

En todo caso, desde Odusalud señalan que, aunque el número de personas desatendidas debe ser mucho mayor del apuntado, también se han registrado incidencias sobre irregularidades e incluso desatención a personas que deberían ser atendidas con normalidad. Un hecho que vinculan al desconocimiento generalizado de la nueva normativa y que ha hecho posible 'actuaciones de exclusión injustificadas, incluso interpretaciones normativas cercanas a la xenofobia' por parte del personal del servicio sanitario.