Los sindicatos sanitarios madrileños convocan este miércoles la tercera jornada de huelga contra el proceso de privatización de seis hospitales iniciado por el Gobierno autonómico. Para ello, han establecido servicios mínimos equivalentes a los de la plantilla habitual en un domingo o festivo además de unos adicionales en unidades especiales como diálisis o radioterapia, en el caso de los centros hospitalarios.

Los paros para el personal sanitario están convocados por AMYTS, SATSE, AFEM, USAE, FESITESS, AME, SIME (federado en CSIT-UP) y CGT que se iniciarán a las 22 horas del martes hasta las 22 horas de este miércoles y están llamados a secundarlos un total de 75.000 trabajadores. Las dos fechas siguientes de huelga están programados los días 29 (también miércoles) de mayo y el 4 de junio (martes). El paro se fundamenta por la presentación del pliego de condiciones para la gestión sanitaria externalizada de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, el Hospital del Sureste, el Hospital del Henares y el Hospital del Tajo. Como en anteriores jornadas, habrá movilizaciones centradas en uno de los hospitales afectados por el proceso y, en esta ocasión, será el turno del Hospital del Henares donde está convocado un Ajedrez Sanitario.

Los servicios mínimos se corresponden con el personal que presta servicios en domingos y/o festivosPor otro lado, en los servicios mínimos fijados por la Consejería de Sanidad se determina que en los centros de Salud con cuatro o más médicos de familia se garantizará la presencia de dos médicos de familia, dos pediatras en cada uno de los Centros de Salud que cuenten con SUAP, dos enfermeras y un auxiliar administrativo por turno.

En los centros de salud con menos de cuatro médicos de familia, se garantizará la presencia de un médico de familia, un pediatra, una enfermera y un auxiliar administrativo por turno, mientras que en administración tendrá que estar el 10% del personal administrativo.

En los centros hospitalarios se ha establecido la fijación de unos servicios mínimos que se corresponden con el personal que presta servicios en domingos y/o festivos y personal con guardia programada para cada día de huelga para atender todas las actividades sanitarias urgentes.

Además se ha considerado necesario fijar unos servicios mínimos adicionales en determinadas unidades como Diálisis, Urgencias, Reanimación, Cuidados Críticos y Hospitalización, Quirófanos, Anatomía Patológica, Hospital de Día Oncología, de SIDA, Pediatría, Médico Quirúrgico y Unidades de Cuidados Paliativos.

También en Farmacia, Diagnóstico por Imagen y Otras Exploraciones, Laboratorio, Extracción y Trasplante de Órganos, Radioterapia, Hemodinámica, Admisión y Archivo, Administración, a fin de garantizar la plena asistencia sanitaria a pacientes afectados por determinadas patologías críticas o especialmente graves, e incluso de riesgo vital. En cualquier caso, los servicios mínimos no podrán superar el 35 por 100 del total de la plantilla del centro sanitario cada uno de los días de la huelga.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad aseguró que las dos primeras jornadas de huelga sanitaria han provocado la suspensión de la suspensión de 462 operaciones y 10.162 consultas. Ello unido a las huelgas acometidas en noviembre suponen la cancelación de 6.933 intervenciones y cerca de 60.000 consultas.

Durante la última jornada de huelga sanitaria del pasado jueves se produjo la habitual guerra de cifras. Así, la Consejería de Sanidad estimó el seguimiento en un 3,7% de los profesionales durante toda la jornada, es decir, la menor incidencia registrada hasta ahora en todos los días de paros convocados en la sanidad madrileña desde el pasado mes de noviembre.

Por su parte, los sindicatos AMYTS y SATSE estimaron que en el turno de mañana la participación entre el 50 y el 60% del personal. Mientras, Afem elevó el seguimiento entre los facultativos hasta un 63%. Desde las organizaciones sindicales se argumenta que el objetivo de los paros es perjudicar los menos posible a los ciudadanos y que, con ellos, pretenden situar en el debate público la situación que genera este modelo de gestión.