A falta de una solución legal que acabe con el drama de los desahucios en España, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid ha convocado una manifestación 'contra la impunidad financiera y la estafa hipotecaria' el 8 de junio con el objetivo de 'subir las apuestas' ante el rechazo por parte de las Cortes Generales de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía la dación en pago generalizada, avalada por más de un millón de personas.

En un manifiesto, la PAH ha indicado que la manifestación partirá de la Asociación Española de la Banca, que reúne a las entidades financieras más importantes del país, y pasará por el Ayuntamiento de la capital para exigir el cese de 'los desahucios de vivienda pública y del cobro de impuestos a las personas víctimas de ejecución hipotecaria'.

La manifestación, cuyo recorrido consideran una 'declaración de intenciones', continuará en el Banco de España, al que la PAH tilda de 'corresponsable de la situación', y concluirá en la Audiencia Nacional, para exigir 'juicio y castigo' a los responsables de la 'estafa hipotecaria' a los que quiere llevar ante los tribunales de Justicia.

En su manifiesto, la PAH ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó en marzo que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. 'La ley española deja en absoluta indefensión a la ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles'.

'La ley deja en absoluta indefensión a la ciudadanía y sobreprotege los intereses de los bancos'

'Lejos, como cabría esperar de un Gobierno responsable, de decretar una moratoria de todos los procedimientos hasta adecuar la norma española a la directiva comunitaria o de establecer un mecanismo de revisión de los procedimientos ya ejecutados el Gobierno ha aprobado, desde la soledad más absoluta, la ley 1/2013', una norma que, a juicio de la PAH, perpetúa la situación de emergencia habitual mediante medios 'ilegales'.

De esta forma, el colectivo, que ha abogado por 'subir las apuestas', ha advertido que los responsables de la comercialización de productos financieros altamente tóxicos 'tienen nombres y apellidos' y que los van a 'señalar'. 'No aceptamos respuestas de mínimos a un problema de emergencia habitacional. Por eso, subimos las apuestas', han incido.