El rector universitario Pedro José González Trevijano, que se opuso a la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos, y Enrique López, el juez que tiene el récord de intervenciones en jornadas de la Fundación FAES de José María Aznar, son los dos fichajes del Gobierno de Mariano Rajoy para el Tribunal Constitucional, que inicia su nueva andadura con mayoría conservadora.

Con los dos nuevos magistrados nombrados por el Ejecutivo, el TC pasa de una mayoría progresista de 7 a 5, a la misma proporción pero de mayoría conservadora. 

González Trevijano, madrileño de 55 años, es catedrático de Derecho Constitucional y rector de la Universidad Rey Juan Carlos. A finales de 2011, se vió inmerso en la polémica al oponerse a la exhumación de los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos y su entrega a su familia, dentro del plan del Gobierno Zapatero para convertir el mausoleo en un lugar de memoria democrática.

Tres de los 12 miembros de la Comisión que estudiaron el futuro del Valle de los Caídos, a petición del Gobierno, se opusieron a la recomendación de sus compañeros sobre el traslado de los restos de Franco.

González Trevijano, que copresidía la Comisión, firmó un voto particular oponiéndose a la exhumación de Franco por 'inoportuna', ya que 'contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública'. Creía además que 'el traslado de los restos de un jefe de Estado resultaría hoy impropia' en el contexto europeo. 

La mayoría de la Comisión, por el contrario, abogó por trasladar al dictador 'al lugar que designe la familia o, en su caso, al lugar que sea considerado digno y más adecuado', ya 'es la única persona (enterrada en el lugar) que no falleció durante la Guerra Civil y es incongruente con el origen del conjunto monumental'. Además, su trasaldo contribuiría a borrar 'cualquier connotación ideológica y política' del Valle de los Caídos.

En cuanto a su posición en relación a Catalunya (ahora tendrá que decidir sobre la declaración soberanista), González Trevijano ha mostrado algunas de sus opiniones en la prensa, como cuando, en relación al Estatut de Catalunya, dijo en 2006 a 'El País': 'Me sigue pareciendo inapropiada la enunciación explícita de Cataluña como nación, por más que se recoja sólo en el preámbulo, dado el valor histórico, simbólico y político del mismo, aunque no tenga eficacia jurídica inmediata; y, asimismo, recoger una enunciación de sentimientos como la presente no deja de ser una extraña declaración de meros perfiles subjetivos que no casa con lo que es el contenido de una disposición jurídica'.

Definido como monárquico, González-Trevijano es autor de varios artículos y publicaciones sobre derecho constitucional, además de un libro, llamado 'Magnicidios de la Historia' (2012), en el que repasa los asesinatos de celebridades como John Kennedy, Gandhi, Julio César y Aldo Moro.

Por otro lado, el Gobierno ha podido por fin colocar este viernes a Enrique López en un asiento del tribunal, después de siete años de veto del PSOE a un nombramiento que consideraban demasiado escorado hacia el PP y que, formalmente, no cumplía en el año 2008  la exigencia constitucional de 15 años de ejercicio profesional.

López era un desconocido en el mundo de la justicia hasta el año 2001, cuando accedió al Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, y fue nombrado portavoz de dicho órgano. Los vocales de la minoría progresista le acusaban de actuar sólo como portavoz de la mayoría (los vocales afines al PP), y no de la institución.

Efectivamente, las posiciones del Consejo en aquella etapa destacaron por su aval a las decisiones del Gobierno de Aznar en materia de justicia. Tras el cambio de Ejecutivo y la consiguiente entrada del socialista Rodríguez Zapatero, el Consejo, con la mayoría conservadora que mantuvo hasta 2008, practicó una feroz oposición a distintas leyes, como la de matrimonio homosexual o la ley integral de violencia de género. Y López se distinguió en la explicación de esas críticas al Gobierno socialista.

Siendo vocal del CGPJ, consiguió plaza de magistrado en la Audiencia Nacional, donde se incorporó tras su etapa en el Consejo. Compaginando sus artículos en el diario 'La Razón' y sus intervenciones (hasta 53) como conferenciante en FAES, tuvo un momento estelar en la Audiencia al impulsar la reapertura del 'caso Faisán' (chivatazo policial a ETA), que el PP usó políticamente contra el entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

Hace unos días, IU se ha querellado contra él por delito de prevaricación, por formar parte del tribunal que suspendió la declaración de Luis Bárcenas ante el juez Javier Gómez Bermúdez por los denominados 'papeles de Bárcenas'.

En lo que apunta a un agradecimiento por muchos servicios prestados, el Gobierno no ha tenido reparo en designar a López, de 50 años, para un tribunal que nunca antes había incorporado a un juez que no procediese del Tribunal Supremo. 

La portavoz del Gobierno y vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defendiò que se trata de un magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de un 'jurista de reconocido prestigio' con una 'amplia trayectoria', de la que destacó haber sacado la oposición de juez sólo un año después de terminar la carrera de derecho y su 'experiencia importante en el ámbito de Gobierno del CGPJ' por haber sido letrado y portavoz del mismo.

Preguntada por si no temen que Enrique López sea recusado en muchas materias en las que ha opinado en la prensa o en su etapa de portavoz del CGPJ, Sáenz de Santamaría ha alegado que todos los magistrados del TC tienen una 'amplia trayectoria jurídica a sus espaldas, algunos en informes y otros en sentencias y todos ellos conocen que la abstención o en su caso la recusación vendrá obligada por la Ley cuando se trate de fundamentar sentencias o recursos en los que hayan podido participar con anterioridad'.

López se reencontrará en el Constitucional con quien fue el presidente del CGPJ en su etapa como portavoz, Francisco José Hernando, de quien fue estrecho colaborador durante ocho años.