'La monarquía está en la Constitución pero no es legal', puede leerse en uno de los documentos recién aprobados por aclamación en la XIX Asamblea de Izquierda Unida de Andalucía, dentro de una propuesta formulada por el exdiputado malagueño Antonio Romero, quien exigió un proceso constituyente hacia la III República.

A efectos prácticos, la propuesta incluye un nuevo enunciado para los actos de toma de posesión de cargos públicos, que pasará por prometer los mismos 'por exigencia e imperativo legal sobre esta Constitución que muere a fin de abrir un proceso constituyente aportando con mi trabajo de cargo público mi contribución al final de este régimen injusto y corrupto y contribuir a la llegada de la alegría'.

En general, no ha sido una asamblea, sino una balsa de aceite. Con el respaldo explícito del Partido Comunista de Andalucía y de Izquierda Abierta, la proclamación de Antonio Maíllo como nuevo coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía fue un secreto a voces. De hecho, llegó a la votación final con 441 avales frente a los 85 registrados por la lista alternativa. Así que durante la apacible reunión de esta formación andaluza, que acaba de ser clausurada en la localidad sevillana de Bormujos, las únicas sorpresas provenían del documento político y organizativo aprobado en la tarde del sábado con el 85% de los votos.

Mientras Julio Anguita, que fuera en su día el principal impulsor de la célebre Convocatoria por Andalucía, se preparaba para ofrecer una contundente entrevista ante las cámaras de la Sexta, sus compañeros de viaje aprobaban unas coordenadas con las que él no parece estar muy de acuerdo aunque siga viajando a bordo. El escrutinio a favor del documento se saldó con un total de 338 votos a favor, 52 votos en contra (13%) y 9 abstenciones (2%). Esto es, a lo largo de la XIX novena asamblea de esta organización se han venido cumpliendo las previsiones sobre la posición de los sectores críticos frente a la estrategia a seguir, un porcentaje aproximado al 15% de los presentes en dicho cónclave que rechazó un documento alternativo presentado por la Candidatura Unitaria de los Trabajadores (CUT) e Izquierda por la Base, en la voz de Encarnación Milla, concejala en Carmona e independiente, ya que no milita oficialmente en ninguno de los partidos y formaciones que reúne la coalición izquierdista.

'La gente nos quiere ver mojándonos en las políticas y si fallamos en Andalucía hacemos fracasar el proyecto completo de Izquierda Unida', aseguró Cayo Lara, coordinador general de la coalición a escala estatal durante su intervención en la asamblea. El debate en torno al Gobierno andaluz estuvo en el ojo del huracán a lo largo del encuentro. Hasta el último momento, se intentó muñir un documento unitario, pero no fue posible. Como tampoco lo fue, a pesar de la voluntad de Elena Cortés, a la sazón consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, de cerrar una candidatura única que reflejara el espíritu de guante de seda que reinó durante todo el fin de semana en Bormujos, sede elegida para la celebración de la Asamblea. Los disidentes no quisieron entrar, en ningún momento, en valorar a las personas que a partir de ahora renovarán a la coalición sino 'poner en valor —según sus propias palabras— la discusión política en una Asamblea Andaluza donde no se quiere hablar del Gobierno andaluz y de la participación en el mismo de IU, principal hecho estratégico de los últimos tiempos'.

Su criterio se basa en la puesta en cuestión del pacto de gobierno que rige en Andalucía y en la denuncia de que aunque en esta comunidad no existe una política de recortes tan audaz como en el resto del Estado, las medidas de austeridad también están afectando a numerosos colectivos, desde los profesores interinos a las ONGs y los recursos en numerosos servicios públicos. Así que venían a reclamar que cada una de las decisiones de calado que haya que adoptar en el futuro fueran sometidas a una consulta vinculante a nivel interno.

El documento político-organizativo que fue aprobado no incluye dicha pauta, pero recoge la necesidad de que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014 sean 'conocidos y participados' por el conjunto de las asambleas de base, una vez que el proyecto de ley llegue al Parlamento. Ello no implica que las bases puedan presentar un veto global al presupuesto autonómico pero sí enmiendas parciales que sus representantes defenderán en el trámite parlamentario.  No habrá, por lo tanto, referéndum sobre las citadas cuentas, tranquilizó probablemente mirando de reojo a sus socios de gobierno la consejera Elena Cortés, presidenta de la Asamblea Andaluza de IULV-CA. La coalición que ya lidera Antonio Maíllo quiere, eso sí, participar en la elaboración de unos presupuestos autonómicos transversales, que no sólo afecten a las carteras que controla: Administración Local y Relaciones Institucionales, Fomento y Vivienda, y Turismo y Comercio. Ya ocurrió así hace un año y sucederá este, a través de una comisión parlamentaria que habrá de convocarse en los próximos días.

Entre otras políticas y medidas que se citan en el documento aprobado, figura la creación de un  Banco de Tierras, la Ley de Memoria Democrática o la convocatoria de una asamblea anual de 'rendición de cuentas', que tome el pulso a la gestión del gobierno y fomente el incremento de la militancia, muy por debajo todavía de las expectativas electorales de la izquierda andaluza.

El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, dirigente de CUT-BAI, integrada en IU, ha defendido hoy una resolución contra el proyecto de ley de reforma de la administración local que calificó como 'terrorismo democrático' ya que a su juicio sitúa a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes 'en el paredón en el que les van a fusilar'.

Sánchez Gordillo se sumó a la petición de un banco público de tierras 'para que la tierra sea de quien la trabaja'. En las últimas horas previas a la clausura de la Asamblea, también se aprobó una resolución para la creación de una banca pública andaluza y otra en la que se denuncian las cláusulas suelo en hipotecas como 'cláusulas abusivas', a fin de cuentas, una de las herramientas para 'expoliar' las rentas de los trabajadores.

La Asamblea comenzó el viernes con un respaldo mayoritario, pero inferior al que tuvo en el consejo, del informe de gestión de Diego Valderas, el coordinados saliente, a quien sus paisanos de Huelva criticaron su excesivo personalismo, pero también le transmitieron la idea de que perderle constituiría una torpeza:  'Las memorias pueden esperar, Andalucía no'. De momento, Valderas seguirá como vicepresidente de la Junta de Andalucía y probablemente le quede mucha vida política por delante: 'Nadie se jubila en la lucha. Diego cambia de puesto', le reconocieron incluso los críticos de Sevilla.

Para los representantes de Almería, como para el resto, es saludable la recuperación de la presencia institucional de IU a diferentes niveles, pero criticaron defectos de comunicación y reclamaron, con palabras de José Saramago, sustentar la búsqueda del porvenir en el recuerdo del pasado: 'Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad no merezcamos existir'.

Mientras que los izquierdistas gaditanos criticaron el daño que dicha provincia sufrió por 'el monocultivo del ladrillo' y del sector naval, los militantes de Jaén insistieron en la idea de que hay que luchar contra las desigualdades territoriales dentro de la propia Andalucía y que 'la organización debe ser un lugar de encuentro de la izquierda alternativa', frente a los intentos de recomposición del bipartidismo PP-PSOE, en decisiones de mayoría parlamentaria cualificada como la renovación del Defensor del Pueblo o de la Radio Televisión de Andalucía.

'Somos un movimiento social y político, no un partido más —demandó Granada—. El anticapitalismo no se predica, se practica'. Coherencia y reconocimiento de los errores, fueron algunas de las propuestas exigidas desde otras asambleas provinciales. Por la circunscripción de Sevilla, hubo dos posturas claras, la de la lista minoritaria que reclamó la inclusión de la República y de la reforma agraria en el informe final, así como mayor valentía en su relación con el PSOE: 'Hay que recordarle que nosotros no estamos en la Junta gracias a ellos sino que José Antonio Griñán es presidente gracias a la subida de IU'. Claro que los portavoces de la opción mayoritaria en Sevilla también se mostraron favorables a la hora de pasar a la ofensiva, siguien la línea del  Decreto de la Función Social de la Vivienda y la lucha contra la exclusión social, los dos únicos gestos legislativos que se aproximan, desde su punto de vista, al imaginario de la izquierda.

La Asamblea también procedió a reformar los estatutos, lo que permitirá, por ejemplo, que sea el Consejo Andaluz de Izquierda Unida en Andalucía, como  máximo órgano de decisión entre asambleas, quien decidirá la circunscripción electoral del candidato a presidente de la Junta, una potestad que hasta ahora ostentaban las asambleas provinciales. Eso evitará que el candidato a la presidencia de la Junta tenga que llevar a cabo su campaña desde fuera del Parlamento, tal y como le ocurrió al coordinador saliente, Diego Valderas. Los nuevos estatutos también permitirán al coordinador regional optar a la reelección después del tercer mandato si el 75% de los miembros está de acuerdo, un albur al que no pudo acogerse el propio Valderas porque los anteriores estatutos lo impedían.

Atención, eso sí, a dos nuevas prescripciones. Izquierda Unida hará desaparecer de sus escritos la palabra 'cremallera' en referencia a la alternancia en sus listas de hombres y mujeres. Una de las medidas que más ha sorprendido en la Andalucía de María Santísima, pasó por una enmienda presentada por la asamblea de Cádiz que establece que, a partir de ahora, ningún cargo público de IU podrá 'organizar, presidir o participar' en eventos religiosos, ya sean misas, romerías o procesiones de Semana Santa. Ninguno de sus representantes públicos se hará ver, por lo tanto, en el Rocío, en la peregrinación a Santa María de la Cabeza o en las mismas que acompañen a las fiestas patronales de los pueblos, en su mayoría de advocación religiosa. Se trata de defender el principio de 'laicidad', aunque resulta muy probable que dicha propuesta reste popularidad a esta formación política, dado que en Andalucía, las cofradías y hermandades conforman una trama social muy influyente.

A lo largo de la asamblea, numerosos representantes de otras organizaciones también se han dejado ver, desde los secretarios generales de UGT y CCOO en Andalucía, a líderes del Frente Polisario o el cónsul de Cuba en Sevilla. La cantautora Lucía Socam se dejó oír entre los asistentes a la asamblea que también saludaron, cómplices, a José Chamizo de la Rubia, recién relevado en la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía, sin que los parlamentarios de Izquierda Unida se movilizaran para evitarlo.

Los sectores críticos a la mayoría de Izquierda Unida de Andalucía —que haberlos haylos— no están conformes con la cohabitación con los socialistas. Desde su punto de vista, el acuerdo de gobierno en Andalucía se basa en una idea social-liberal que los críticos rechazan por cuanto supone 'un intento de corregir, a través de políticas sociales de alcance más o menos limitado, las consecuencias escandalosas de la brutalidad de las durísimas políticas de austeridad recetadas por la troika', tal y como puede leerse en un documento suscrito por Francisco Sánchez del Pino y María Dolores Nieto Nieto, de la Asamblea Local de Izquierda Unida en Jaén, cuyos postulados vienen a coincidir con los de Izquierda por la Base, que no sólo agrupa a la CUT de José Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de Marinaleda, sino que congrega a militantes descontentos del propio PCE. Les molesta, básicamente que el acuerdo de gobierno andaluz acepte la ortodoxia presupuestaria que conduce a una austeridad suicida. Tampoco aceptan la teoría de la'minimización de daños', que es la principal bandera de la corriente mayoritaria de IU en Andalucía.

Sus afines cuestionan claramente el modelo de la Unión Europea y habrían preferido que el debate se centrara en cuestiones de mayor calado, como el papel de Andalucía en la Unión Europea bajo unos presupuestos restrictivos y en donde se han programado una reducción del 5 por ciento en las políticas de cohesión en el Presupuesto de 2014 a 2020, en una espiral de recortes que aún no ha terminado: 'No hay margen de maniobra posible para la  implementación de correcciones paliativas significativas a las medidas de austeridad que están conduciendo a Andalucía a una auténtica involución social y política, hacia el subdesarrollo', alertan los críticos quienes aseguran que la resistencia andaluza de la que se habla en el documento político parte de una hipótesis falsa.

'No hay perspectiva visible de estabilización de la situación económica y, por tanto, tampoco de la situación social, cuya dinámica tiende a una progresiva degradación si no hay un cambio radical en los planteamientos. Ante este desgobierno, es de temer que la única vía de estabilización posible para los que mandan sea la de la 'estabilización política de la crisis', a través de salidas más o menos autoritarias o de grandes acuerdos o pactos de elites que vayan contra la sociedad'.

Desde esa posición, Izquierda Unida tendría que apostar por situarse en un frente común 'como alianza social y política en defensa de los de abajo' o convertirse en 'un componente pasivo' de los citados procesos de estabilización.

A corto plazo, sin embargo, el documento que se presentó ante la asamblea, apostaba por profundizar en la senda abierta por el decreto de la función social de la vivienda, que tanta controversia ha despertado dentro y fuera de Andalucía, aunque desde su perspectiva resulta 'insuficiente para resolver todos los problemas de la situación de emergencia habitacional en la que se haya Andalucía'. Sin embargo, aceptan, abre un camino que cuestiona la especulación y pone en valor la vivienda como un derecho.

El principal argumento de Izquierda Unida por la Base estribaba en que no se puede estar en el Gobierno andaluz 'a cualquier precio' y habría que establecer 'líneas rojas' para seguir a bordo del consejo que preside el socialista José Antonio Griñán. De ahí que ante la previsión de nuevos tijeretazos a los presupuestos 'por imperativo legal', se haría necesaria la convocatoria de un proceso de evaluación y revisión del pacto de gobierno que concluya con una consulta vinculante a las bases de IU, en forma de referéndum. Esto es, un nuevo referéndum interno similar al que precedió al actual acuerdo de gobierno bipartito. Para la mayoría, esas líneas rojas ya existen. Son los doscientos puntos programáticos que suscribieron PSOE e IU. Así que de esta Asamblea dicho pacto salió reforzado. A menos que las sentencias del caso de los ERE, Invercaria o Mercasevilla, terminen dictando lo contrario. Claro es que, lo más probable, buena parte de dichas resoluciones judiciales se produzcan cuando ya haya concluido esta legislatura.