Una treintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han protestado este martes ante el Juzgado Mercantil número 1 de Madrid por el inminente desahucio de Nieves Gómez Ruiz. Según ha defendido la propia afectada, el próximo 3 de julio deberá abandonar el piso que contribuyó a pagar y en el que vive desde hace más de diez años - calle Doctor Vallejo Nájera- con sus dos hijos, ya que el inmueble se encuentra a nombre de sus suegros, los padres del hombre contra el que Nieves ha presentado dos denuncias por maltrato.

En el año 2009, Nieves Gómez -hoy desempleada- pidió el divorcio tras quebrar la empresa que regentaba con su ex marido, debido a las deudas que él contrajo sin su consentimiento y al maltrato físico y psicológico al que la sometía, por el que obtuvo una orden de alejamiento.

Durante cuatro años, ha resistido vendiendo algunas de sus pertenencias y gracias a la labor de los comedores sociales. Hoy ha recibido la tercera notificación de desahucio, y a no ser que la jueza cambie de idea, tendrá que abandonarlo junto a sus hijos de 7 y 9 años. De hecho, y según denuncia Gómez Ruíz, la jueza que instruye el caso no solo ha rechazado aplazar el proceso, sino que además ha amenazado con retirarle la custodia de los dos pequeños. 'La jueza dice que tenemos que salir mis hijos menores y yo para que entre el padre. Dice que pida un piso a asuntos sociales o a Cáritas ¿Dónde están la protección del menor y los derechos de mis hijos? El piso está a nombre de mis suegros, que tienen otros cuatro, pero durante años yo he contribuido pagando letras de 1.500 euros mensuales, he vivido allí durante diez años', asegura Nieves, que junto a varios miembros de la PAH ha protestado a partir de las 12 horas frente al juzgado mercantil de Gran Vía 52, al que ha accedido poco después para conversar con la jueza, en busca de una solución que no ha logrado hallar.

Una decena de agentes de la Policía Municipal han impedido el acceso al resto de activistas a los juzgados, identificando a siete fotógrafos, a los que también han expulsado del edificio sin aclarar si recibirán o no sanciones económicas.