Cáritas Española ha denunciado durante su LXX Asamblea General que las reformas legislativas adoptadas en el último año 'han supuesto una pérdida de derechos sociales inherentes a la dignidad de la persona' y abocan a una ruptura de la cohesión social con 'graves consecuencias' para los españoles.

La organización católica, que ha reunido este fin de semana a más de 200 representantes de las diocesanas de todo el país,  ha puesto como ejemplo 'de ese retroceso' las políticas de vivienda, 'sosteniéndola como un bien de inversión antes que como un derecho', y de salud, 'transformándola en una mera contraprestación y excluyendo a los migrantes en situación irregular'

La declaración, difundida este lunes, denuncia que en materia de justicia se han impuesto tasas y en el ámbito de empleo, se han adoptado 'medidas que no estimulan la contratación y sí, en cambio, perjudican el empleo'.

'Las reformas legislativas pendientes de aprobación agravan aún más este panorama', explica la Asamblea de Cáritas, que señala directamente a la reforma de la Administración Local, porque 'supondrá alejar de las personas servicios tan esenciales como la salud, la educación o los servicios sociales', 'una involución social' y la vuelta a un modelo asistencialista ya fracasado.

Asimismo, se refiere a las reformas del Código Penal y al Código Procesal Penal porque, según afirman las Cáritas españolas, 'de mantener su redacción actual, daría lugar a situaciones injustas, como, por ejemplo, la sanción a quienes acojan a personas inmigradas en situación irregular'.

Además, señalan 'preocupación' por 'la prioridad económica' de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que 'consagra la reducción del gasto para garantizar, supuestamente, el principio de estabilidad' pero no aborda 'adecuadas políticas fiscales redistributivas, la lucha contra la evasión fiscal o la tasa para las transacciones financieras'.

Según afirma la declaración, estas decisiones, sumadas al 'drástico recorte' de la Ayuda Oficial al Desarrollo, 'tienen un importante impacto en la garantía de los derechos, las políticas sociales y la lucha contra la pobreza y la exclusión'.

'Lo que debería entenderse como una inversión social y el estímulo de una política de prevención por parte del Estado, garante de derechos, se reduce drásticamente y pone en riesgo la cohesión social al permitir que el escándalo que supone la brecha cada día mayor entre las capas más ricas y las más pobres de nuestra sociedad siga creciendo'.

La Declaración habla del 'sufrimiento de las personas afectadas' a las que atienden las Cáritas Diocesanas, 'personas empobrecidas' que no son responsables de una crisis económica 'que las castiga con tanta intensidad'.

Además, dice que la organización no va a resignarse 'a un modelo de vida caracterizado por la precariedad y un retroceso en el reconocimiento y disfrute de los derechos humanos', ni aceptará 'un proceso de fractura social legitimado por una desigualdad creciente'.