El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido recurrir la que consideran inconstitucionalidad de la norma navarra (apartado siete del artículo único de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra de 2013, que modifica la anterior de 1995, según la referencia del Consejo de Ministros) y que obliga a la Iglesia a pagar la contribución urbana a los ayuntamientos de la Comunidad foral por todos los inmuebles que posea, salvo aquellos destinados al culto.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha añadido que el motivo de este recurso es la "extralimitación competencial de Navarra en el ejercicio de sus competencias tributarias", que, según el Ejecutivo, están sujetas a los acuerdos firmados por España con la Santa Sede en 1979. Según estos acuerdos, todos los inmuebles de la Iglesia están sometidos a "exclusión" del pago de este impuesto llamado Contribución Territorial Urbana.
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