Un juez de Uruguay especializado en crimen organizado ha abierto una investigación penal al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, según ha comunicado a España la oficina de Interpol en el citado país.

En concreto, la investigación la lleva a cabo el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal, especializado en Crimen Organizado de Primer Turno, de acuerdo a la comunicación de Interpol Uruguay. El expediente ha sido catalogado por el juez uruguayo que lleva el caso como reservado.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, a quien la Policía española ha informado de este hecho, ha pedido un informe al fiscal sobre el mismo. El juez uruguayo le señala que si requiere información sobre la investigación en Uruguay se dirija por vía judicial.

En los últimos meses, varios organismos, como la Agencia Tributaria española, han elevado informes al juez en los que ponen de manifiesto que Bárcenas puede ser titular de activos depositados en Montevideo (Uruguay) a los que habría transferido fondos, así como socio de entidades que aparecen como destinatarias de las mismas. Lo mismo se ha sugerido de activos en Estados Unidos o Nassau (Bahamas). 

Hacienda señalaba en un reciente informe que de la última comisión rogatoria enviada por las autoridades suizas se deduce que Bárcenas, que llegó a acumular 48 de millones de euros en dos bancos de Ginebra, tiene participaciones 'en una serie de sociedades que nunca han estado incluidas en sus respectivas declaraciones de IRPF y Patrimonio'.

Además, el extesorero del PP empleó una sociedad de nacionalidad uruguaya, llamada Tesedul, para vaciar sus cuentas suizas a partir de 2009, cuando estalló el 'caso Gürtel'. Precisamente realizó a través de esa entidad la regularización fiscal de 19 millones de euros al cierre del ejercicio de 2012 a través de la sociedad Tesedul. Hacienda no ha dado validez a este intento de 'amnistía fiscal' al tacharlo de 'inveraz'.

Otra sociedad uruguaya relacionada con Bárcenas es Rumagol. El juez ha interesado de Uruguay auxilio judicial para detectar las cuentas del extesorero en aquel país, donde puede haber derivado parte de su fortuna. De momento, la justicia uruguaya le indica que tiene bajo investigación al exalto cargo del PP y le señala el mecanismo para obtener datos al respecto debido al carácter reservado de las pesquisas.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidirá a partir del próximo lunes cómo proceder al embargo de bienes del extesorero del PP después de que haya concluido el plazo de diez días que le dió para depositar una fianza de 43,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, dirigida a hacer frente a las responsabilidades económicas en las que podría incurrir si es condenado.

Así lo han señalado fuentes jurídicas que han informado también de la confirmación por parte de Ruz de la fijación de la citada caución tras ser rechazado el curso de reforma en el que la defensa del exsenador popular reprochaba al magistrado un afán de lucro 'indebido y desmedido' por la imposición de un recargo de un 25 por ciento de la cantidad defraudada en concepto de intereses.

En su auto, el juez Central de Instrucción número 5 rechaza todas las alegaciones de la defensa, negando la prescripción de los delitos fiscales imputados a Bárcenas y también la improcedencia de la cantidad correspondiente a 2006, que se le impone como cooperador necesario en el delito fiscal de su esposa, la también imputada en la causa Rosalía Iglesias.

La inclusión de este año en la liquidación efectuada es procedente, según Ruz, 'máxime cuando en sus reiteradas declaraciones, el señor Bárcenas afirma, corroborándolo igualmente su mujer, que era él quien gestionaba todos los recursos económicos del matrimonio'.

El magistrado rechaza acceder a la reducción de la fianza solicitada, lo que había sido solicitado por la defensa de Bárcenas con carácter subsidiario. Respecto del recargo por intereses, explica que se ha limitado a hacer suyo el cálculo provisional y cautelar efectuado por Hacienda para la fijación de la fianza, y que responde a los intereses de 'asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva puedan declararse competentes'.