Como si no fuera con el resto de partidos políticos que también gobiernan los entes locales del país. Así entiende la mayoría de la oposición parlamentaria que el Gobierno se ha tomado la reforma de la ley que regula las administraciones locales ( Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es su nombre oficial) y que será aprobada este viernes en el penúltimo Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto.

El PP ha decidido rechazar —y bloquear, por tanto, con su mayoría absoluta—, durante la Diputación Permanente reunida este miércoles, la comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que informe sobre este proyecto cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por el Consejo de Estado.

La oposición que esta reforma supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos. La conocida como reforma local, que persigue reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante la introducción del denominado coste estándar, al que deberán ajustarse los municipios, podría suponer un ahorro de más de 7.000 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.

La petición realizada por el PSOE pretendía conocer el contenido del último borrador de la reforma local que saldrá finalmente de La Moncloa a las Cortes este viernes y del que la oposición no ha tenido conocimiento alguno desde que el máximo órgano consultivo del Ejecutivo cuestionó su constitucionalidad (en cuanto al coste de los servicios o el excesivo poder que acumulan las diputaciones provinciales)

El PP ha reconocido en boca de su portavoz en la Permanente, Juan José Matarí, que el Gobierno atenderá a las 'observaciones' del Consejo de Estado, lo que le podría suponer la inclusión de modificaciones en el último borrador conocido por la oposición y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, para Matarí, 'no es momento de comparecencias, sino de que el Gobierno apruebe el texto definitivo y remita el proyecto a esta Cámara'. A partir de ahí, entiende el PP, se procederá al debate del texto.

Para los socialistas, el Gobierno está tomando decisiones de tanto 'calado' como la reforma de la ley reguladora del funcionamiento de todos los entes locales (1988) sin debatir con la oposición o ponerla en antecedentes. Según admitió hace unos días la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo reconoce que le está costando esfuerzo sacar adelante una reforma de este calado, ya que atañe a un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días.

El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, ha recordado al PP que el informe del Consejo de Estado es una 'enmienda a la totalidad' al proyecto del Gobierno. Dicho informe no es vinculante, pero la oposición entiende que si el Ejecutivo no ha dado a conocer un texto posterior es, o porque no va a modificar nada e ignorará las recomendaciones de constitucionalidad del Consejo, o porque va a hacer cambios que requieren debate y el Gobierno no quiere debatir. Negativo en cualquier caso, razonan las fuentes consultadas.

Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso en las propias filas conservadoras, en las que alcaldes y concejales se han mostrado abiertamente en contra de algunos de los aspectos principales la reforma como por ejemplo, el modo en que se redistibuyen las competencias con las comunidades y las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean intervenidos y pierdan sus atribuciones y el coste estándar.