La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha excluido al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi del juicio sobre la financiación de las herriko tabernas por parte de la banda terrorista ETA. Otegi se enfrentaba a una petición fiscal de 12 años de cárcel por un delito de pertenencia a banda armada.

La Sala ha considerado que tanto Otegi, como otro tres dirigentes abertzale -José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia e Imanol Cortazar- no deben sentarse en el banquillo en la vista oral que empezará en octubre porque ya fueron juzgados y condenados en otros procedimientos por delito de pertenencia o integración en banda armada.

La sección segunda de la Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión, a instancias de la Fiscalía, al constatar que esta causa es 'cosa juzgada' para Otegi, José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia y Josu Imanol Cortázar de Pipaón y también entiende que 'la identidad sustancial' reside en la propia pertenencia y no en los hechos concretos que servirían como nueva prueba de ese delito, por lo que por esta causa sobre las 'herrikos' se sentarán en el banquillo 36 acusados.

Con informe favorable del fiscal, la Sección Segunda asume la jurisprudencia del Tribunal Supremo y explica que no se puede volver a juzgar a ninguno de ellos por el mismo delito ya que 'no ha mediado acto alguno de interrupción que permita diferenciar dos tramos cronológicos diferenciados' de su pertenencia a ETA.

Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a 10 años de prisión por pertenecer a la banda en el conocido como caso Bateragune, proyecto destinado, según el Tribunal Supremo, a la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna. El Supremo redujo la pena a seis años y medio de cárcel. La condena está pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado el próximo 17 de octubre como fecha de inicio del juicio contra los 36 acusados restantes, acusados de participar en la presunta subordinación de Batasuna a la banda terrorista ETA y su financiación a través de las denominadas herriko tabernas.

Los acusados se enfrentan a penas de entre 8 y 12 años por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada. La causa se sigue, además, contra 110 herriko tabernas declaradas responsables civiles subsidiarias.

La vista oral dará comienzo más de 11 años después de su comienzo tras la detención, en abril de 2002, de 11 personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de las herriko tabernas. El juez Baltasar Garzón decretó en su día embargo de 75 de estos establecimientos y su administración judicial.