'Ha dicho la verdad, pero no toda. Tiene munición en la récámara'. Es la opinión del presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), José Mariano Benítez de Lugo, una de las acusaciones populares en los casos Gürtel y Bárcenas, que solicitó el pasado mes de junio la vista que llevó a la cárcel al extesorero del PP.

Su última petición al juez Pablo Ruz ha sido que imponga una fianza de 3 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil, a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Hace unos meses, fue el primero en solicitar una fianza similar para Luis Bárcenas, y el magistrado atendió su petición, aunque por menos cuantía, ya que el abogado solicitó 54,5 millones y el instructor la fijó en 43,2 millones. 

En declaraciones a Efe, Benítez de Lugo --que también actuó en su día contra Carlos Dívar, el presidente del Consejo del Poder Judicial obligado a dimitir por pagar viajes privados con dinero público--, manifiesta que 'en el Parlamento, Rajoy puede contar lo que quiera, pero como testigo ante un juez no puede si no decir la verdad', afirma rotundo. Por ello le 'vale más' lo que declare en el juzgado --ADADE ha pedido que el presidente comparezca como testigo en la causa-- que lo que afirme en su comparecencia en el Congreso el próximo jueves.

Al PP, dice, 'le da pánico' que testifique el presidente, quien podría hacerlo en su despacho o incluso por escrito, aunque esta última opción sería peor porque 'reflejaría una postura huidiza'.

ADADE también pidió la declaración como testigos de otros cargos del PP que aparecen como receptores en los papeles de Bárcenas (María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos), para que, explica el letrado, digan si es cierta la versión del extesorero de que recibieron dinero negro.

Si lo niegan, añade, 'la situación se aboca a un careo' entre los altos cargos populares y Bárcenas. 'Nos tiene especial cariño', ironiza sobre este último, a quien denunció por amenazarle el pasado 27 de junio, cuando fue el primero en pedir al juez que le metiera en la cárcel bajo fianza. Finalmente, y ante su sorpresa, las fiscales de Gürtel elevaron la petición a prisión incondicional.

Ese día, ni Bárcenas ni su entonces abogado pensaban que iría a la cárcel tras declarar por sus cuentas en Suiza. 'Fue una situación muy tensa, él pensaba que se iba a marchar a casa', reconoce Benítez de Lugo. Días después, el extesorero le pidió perdón siguiendo el consejo de su nuevo abogado, Javier Gómez de Liaño.

Para el presidente de Adade, la actuación de la Fiscalía en Gürtel y los papeles de Bárcenas (los llevan fiscales diferentes) tiene 'luces y sombras', aunque reconoce que el Gobierno 'se implica, pero no de forma minuciosa' de manera que los fiscales 'tienen cierta autonomía'.

El cambio de estrategia de defensa de Bárcenas, que siempre negó la autoría de los papeles y la contabilidad B hasta que hace dos semanas decidió reconocer ambas cosas, ha supuesto un giro 'radical' a la instrucción.

En su opinión, el extesorero 'ha dicho la verdad, pero no toda. Tiene munición en la recámara'. Se refiere a las donaciones de empresarios, que si bien reconoció que existían, no las atribuyó a comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, con lo que el cohecho es más difícil de demostrar.

'Bárcenas no era el gran urdidor, lo era Álvaro Lapuerta, que lo visaba todo', opina además respecto a la persona que ejercía de tesorero cuando Bárcenas era gerente del partido. Para Pablo Ruz, tiene en general buenas palabras ('un juez sólido y muy trabajador, dicta de quince a veinte resoluciones diarias'), aunque cree que peca de 'seguidismo' de las peticiones de los fiscales.

José Mariano Benítez de Lugo, uno de los fundadores y presidente de honor de esta asociación ADADE, nacida en 1988 a la vera del PSOE europeo, lleva personalmente la acusación popular del caso Gürtel y su pieza sobre los papeles de Bárcenas, culpables de que se aplace su ya tardía jubilación.

Del castizo Chamberí, este abogado de 72 años invierte gran parte de sus horas en Gürtel y se ha atrevido a pedir la citación de Rajoy y su predecesor José María Aznar. Sobre el primero aún se tiene que pronunciar el juez Pablo Ruz, que ya ha rechazado llamar al segundo.

En su despacho color madera y olor a pipa, Benítez de Lugo defiende el papel de las acusaciones populares -en el caso Bárcenas hay cinco-. Desempeñan, dice, una 'función básica en el Estado de Derecho', por lo que critica la reforma que plantea el Gobierno para limitarlas.

ADADE ha pedido al juez Pablo Ruz que imponga una fianza de 3.058.984 euros en concepto de responsabilidad civil a la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias. Nada más recibir la petición, el juez ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe acerca de la conveniencia de imponer esa fianza civil a Iglesias para afrontar las responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual condena por los delitos por los que está imputada: fraude a la Hacienda pública y cooperación en delito de blanqueo de capitales.

Bárcenas, por su parte, tiene aún pendiente abonar la fianza civil de 43.250.000 de euros que el pasado 5 de julio le impuso Ruz, que abrió un plazo de 3 días para que aportara una relación patrimonial de sus bienes susceptibles de embargo. Esta fianza, cuya cuantía casi duplica los 28,1 millones de euros que pedía la Fiscalía al aumentar Hacienda la cantidad defraudada, responde a las responsabilidades pecuniarias a las que tendría que hacer frente el extesorero si finalmente es condenado y es independiente de la situación procesal de Bárcenas, que permanece en prisión incondicional desde el 27 de junio.

Al extesorero se le imputan delitos fiscales, de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. Ruz ha cuantificado que las responsabilidades pecuniarias por todos esos conceptos ascienden a 32.405.119 euros, a los que añade el tercio legal para el cálculo de la fianza civil.