'A los responsables de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria [...] no podía pasarles desapercibido el peligro cierto de desatención [del maquinista] ,que podría materializarse en el descarrilamiento de un tren que circula por una vía hasta 200 km/h con exceso de velocidad a la llegada a la altura de la curva de A Grandeira, de manera que les afectaba el deber de adoptar las cautelas adecuadas al caso'.

Con este párrafo, plasmado en el auto de imputación de los responsables de la seguridad en la vía donde el 24 de julio descarriló el Alvia Madrid-Ferrol en la parroquia de Angrois (Santiago) [ver pdf, aquí], el juez Aláez reprochó este martes a Adif su 'descuido' en la zona a la hora de evitar un previsible despiste del conductor, el también imputado Francisco José Garzón Amo. 

En su argumentación, Luis Aláez detalla la mala señalización de la vía, al considerar que la obligada reducción de velocidad de 200 a 80 km/h dependía 'de la sola percepción por el maquinista de la aproximación a la curva en función de la visualización de los postes o marcadores kilométricos'. El magistrado señala también 'la inexistencia de cualquier advertencia previa oportunamente instalada en la línea' y añade que dicho aviso 'podría llevarse a cabo con algo tan básico como el establecimiento de señales visuales y sonoras de preanuncio y anuncio de la limitación de velocidad'.

El instructor de la causa del accidente, sobre cuyos responsables judiciales recaerá una condena por homicidio imprudente [en el siniestro fallecieron 79 personas], hace referencia, así, a las balizas que el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) instaló una semana después de la tragedia. En concreto, 'en el punto kilométrico 81.669, Adif instaló una baliza y un cartelón que limitan la velocidad a 30 km/hora'; señal protegida 'por otra anterior que limita la velocidad a 60 km/hora' y otra más, en el kilómetro 79.769, 'con su correspondiente cartelón a 160 km/hora'. Así lo especificó el propio Ministerio de Fomento en un comunicado enviado a la prensa el pasado 2 de agosto. 

El departamento que dirige Ana Pastor -de quien dependen las empresas públicas Renfe y Adif- reconocía, así, con sus acciones, que era necesario mejorar la seguridad en ese tramo curvo situado a la salida de un túnel, a tan sólo unos tres kilómetros de la estación compostelana. Ahora es el juez quien considera 'evidente' que 'las características de la vía son sumamente comprometidas para la circulación de los trenes'.

Aláez considera que la señal que obligaba a reducir la velocidad estaba demasiado próxima a la curva del siniestro 'Ante esa situación de peligro para la circulación y, consiguientemente, para la vida, [...] la instalación de una señal fija de cambio de velocidad máxima a 80 km/h, por su ubicación, entre 200 y 300 metros del inicio de la curva se muestra insuficiente para evitar los resultados de muerte [...] ya que dicha indicación vial, situada en el punto kilométrico 84.230 [...] está tan próxima a la citada curva [de A Grandeira] que hace imposible o muy remotamente posible la corrección manual de la inadecuada marcha para sortear el riesgo', detalla Aláez. 'Adviértase que el inicio del descarrilamiento se produce en el punto kilométrico 84.413, es decir, a unos 220 metros de aquella señal de cambio de velocidad', incide el texto del auto.

El magistrado también cita a los sistemas de seguridad, el Aviso de Señales y Frenado Automático (ASFA) y el dispositivo de Hombre Muerto, que confirma continuamente la presencia del maquinista en la cabina de conducción a través de una frecuencia establecida de períodos de pulsación de un pedal con el fin de dar cuenta de posibles desmayos o muertes súbitas. En cuanto al primero de ellos, técnicos ferroviarios ya advirtieron en Público de que la instalación de balizas de preaviso situadas antes de las existentes habrían evitado el accidente.

El ASFA Digital consiste en un equipo de señalización que, a través de las balizas de aviso y preaviso situadas en las vías del tren, informan al maquinista de la peligrosidad del trazado que se va a encontrar en los kilómetros siguientes. Si el siguiente semáforo está en verde, el conductor del tren tiene vía libre para continuar a la misma velocidad. Si, por el contrario, está en amarillo, la baliza de preaviso emite una señal al tren para que reduzca la velocidad. El conductor debe entonces comunicar que ha recibido el aviso y, al tiempo, frenar para disminuir la velocidad. Si el maquinista no se entera de dicha señal, el siguiente semáforo se pondría en rojo, las balizas de la vía emitirían la señal de peligro al tren y, automáticamente, la máquina se pararía. Es decir, que de haber instalado dichas balizas de aviso con suficiente antelación a la fatídica curva de A Grandeira, el tren se habría frenado aunque no lo hubiese hecho Garzón.

El juez Aláez confirma, en su auto, esa excesiva proximidad de las señales a la curva y desecha, además, que 'la omisión de medidas de seguridad' por parte de Adif pueda 'considerarse suplida por la señalización de entrada a la estación de Santiago'. Primeramente, porque las balizas que señalizan la proximidad de la parada están también 'muy próximas a la curva' (en los kilómetros 83.876 y 84.171); y porque 'aunque esa señalización suponga una advertencia de prudencia referidad a la velocidad, su finalidad no es, en modo alguno, advertir del peligro de la curva de A Grandeira al maquinista', señala el documento. 'Dicho de otro modo -aclara el texto-, alerta sólo de la proximidad de entrada a la estación, pero no de que se esté en las proximidades de una curva peligrosa'. 

'De haberse alertado previamente de la proximidad de la curva al maquinista, es de lo más probable que recobrase la atención perdida en la conducción'

Como conclusión, Aláez especifica que, aunque 'la causa esencial del descarrilamiento del tren ha sido la indebida conducción llevada a cabo por Francisco José Garzón Amo por circular a una excesiva velocidad para la configuración de la vía', también 'ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria en dicha línea, constitutiva de una imprudencia punible'.

'Esa desatención de la seguridad en una línea en que se circula a altas velocidades y que consiguientemente conlleva que un despiste en la conducción pueda tener consecuencias trágicas, tiene conexión con el descarrilamiento, pues de haberse alertado previa y suficientemente de la proximidad de la curva de A Grandeira al maquinista, es de lo más probable que Francisco José recobrase la atención perdida en la conducción y hubiese ajustado la velocidad del tren a las circunstancias'. 'Dicho descuido se presenta grave', añade Aláez, tras especificar que 'el delito imprudente' se cometió 'por la infracción de un deber de cuidado interno y externo', es decir, la del maquinista y la de Adif, respectivamente.

Esta imputación por 'delito imprudente' ha sido un golpe contundente del juez Aláez contra quienes negaron cualquier tipo de responsabilidad en sus comparecencias en el Congreso. Los presidentes de Adif y Renfe, Gonzalo Ferre y Julio Gómez-Pumar, respectivamente, que se apresuraron en culpar a Garzón de la tragedia, dedicaron sus minutos ante la Comisión de Fomento de la Cámara Baja a explicar detalles técnicos de los 15.000 kilómetros de la red ferroviaria española sin entrar en detalles de lo ocurrido en Santiago.

Tras la imputación a los responsables de Adif, Ferre se mostró calmado tras recibir la noticia y, tras diferenciar entre los conceptos de imputado y acusado, manifestó, simplemente, que 'entra dentro de lo habitual' que se impute a los responsables de seguridad tras un accidente de estas características.