El pleno de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituida el pasado mes de junio, se reunió hoy por primera vez tras el verano bajo la presidencia de la número dos del Ejecutivo. Soraya Sáenz de Santamaría ha realizado un exhaustivo repaso de las 217 medidas aprobadas por el Gobierno para reformar las Administraciones Públicas y ha anunciado que a 129 de aquéllas (más del 50%), el Gobierno ya les ha dado luz verde.

Además, Sáenz de Santamaría anunció que el Ejecutivo ha pedido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) un informe en el que se evalúe la ejecución de estas medidas que pretenden acabar con las duplicidades y ahorrar costes en la gestión pública.

La vicepresidenta explicó ante la CORA que en los próximos meses habrá observadores de la OCDE en los distintos ministerios para proceder a esta evaluación. Asimismo, anunció la puesta en marcha de un índice de ejecución de estas iniciativas, que cada tres meses, indicará el grado de cumplimiento de las medidas. El 21 de septiembre podrá consultarse este índice por primera vez.

En la reunión de la CORA, la vicepresidenta ha anunciado que este mes de septiembre, el Gobierno aprobará la reorganización o supresión de 57 organismos públicos que dependen de la Administración General del Estado (AGE) y remitirá a las Cortes un total de 17 textos legales refundidos sobre normas que 'cambian con frecuencia', según Sáenz de Santamaría, pero que deben aportar seguridad jurídica.

El Gobierno tiene pendiente aún y entre otras medidas, dar luz verde al reglamento que desarrolla la ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo o el reglamento del dominio público hidráulico. Ambas iniciativas se aprobarán en el Consejo de Ministros de este viernes 6, avanzó la número dos del Gobierno.

La vicepresidenta también informó a la CORA y a los periodistas —que tuvieron acceso a su intervención inicial— de que las 217 medidas pasaron a ser 218 este verano, con la incorporación de la reforma de los servicios telegráficos de la Administración. Sáenz de Santamaría subrayó el compromiso del Ejecutivo con la ejecución de estas medidas, que constituyen 'soluciones' y no sólo 'un ejercicio exclusivo de análisis'.

A título ilustrativo sobre la efectividad de estas reformas, la vicepresidenta contó que la contratación centralizada del suministro eléctrico en el Ministerio del Interior ha permitido ahorrar 7 millones de euros de 40 millones y sin que se pierda 'calidad en el servicio'.