La dirección nacional del PP se ha reunido esta mañana a las 11.00 horas en la calle Génova, encabezada por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y la asistencia de los tres vicesecretarios generales y los portavoces parlamentarios del PP. Sin embargo, y como es habitual los lunes, ninguno de ellos ha comparecido ante la prensa para hacer una valoración de la actualidad y responder a las preguntas sobre los últimos acontecimientos, fundamentalmente, la derrota de la candidatura de Madrid 2020 y las informaciones sobre la declaración de Cospedal ante el juez Pablo Ruz.

La semana pasada se conoció la transcripción literal de las palabras de la número dos del PP en sede judicial, palabras que confirmaban lo ya sabido: que Cospedal responsabiliza a Mariano Rajoy en primer término de la 'indemnización en diferido' que se pactó con Luis Bárcenas y que se cerró en una reunión entre el presidente del Gobierno, Javier Arenas y el extesorero. Cospedal, según su declaración al juez, se enteró de esta reunión y su contenido ocho meses después.

Efectivamente, quien saliese esta mañana a dar la rueda de prensa en la sede de la calle Génova tendría que responder a las preguntas en torno a este asunto, pero también a las no menos incómodas sobre la derrota de Madrid para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2020 y sus derivadas políticas, esto es, el futuro de Ana Botella e Ignacio González en el PP. Aunque el propio Rajoy trató de alejar desde Buenos Aires el fantasma de las especulaciones sobre si la alcaldesa y el presidente de la Comunidad de Madrid serán los candidatos conservadores en las municipales y autonómicas de 2015, lo cierto es que ambos -pero sobre todo la regidora- tenían en el logro de las olimpiadas su mejor baza para compensar las encuestas a la baja que protagonizan desde hace meses y que tienen a la dirección nacional del PP en estado de alerta por la posibilidad de perder la Comunidad y el Ayuntamiento madrileños.

De nada de esto han querido hablar hoy públicamente en el PP y lo hacen, precisamente, cuando el jueves se somete a votación en el Congreso el dictamen de la Comisión Constitucional sobre el proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta norma inminente es la bandera que, desde el Ejecutivo y el PP, se lleva blandiendo durante meses para tratar de contrarrestar las críticas por la falta de explicaciones del presidente sobre el caso Bárcenas o, últimamente, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero, solicitados por el juez. El Ejecutivo del PP asegura, en su defensa, que la colaboración con la justicia es plena y que han sido el primer Gobierno que ha sacado adelante una ley de transparencia.