La mayoría del comité de empresa de Aserpinto, la empresa que presta servicios públicos al Ayuntamiento de Pinto, localidad madrileña gobernada con mayoría absoluta por la alcaldesa del Partido Popular Miriam Rabaneda, ha denunciado la privatización que se formalizó ayer mismo. 'Lo llaman externalización, pero en realidad estamos hablando de una privatización en toda regla que nos va a dejar en la calle en poco tiempo', explica Nuria Rodríguez Garrido, presidenta del comité de empresa y secretaria general de la sección de UGT.

Inmediatamente después de la aprobación de la privatización promovida por el Partido Popular, único interesado en la misma frente a la rotunda negativa de todos los partidos de la oposición, se ha comunicado al comité de empresa que 'no se respetará absolutamente nada, ni antigüedad, ni localización ni movilización, ni nada. Nos van a mover a otras localidades para hacer imposible el trabajo. Ha sido mucho peor que nuestros peores miedos', ha declarado a Público Miguel Ángel Olmos, secretario del comité de empresa de Aserpinto y miembro por UGT. 'Ya se ha presentado una lista de nombres a despedir que, casualmente, coincide con todos los trabajadores progresistas que hayan tomado parte de cualquier huelga o movilización en estos últimos dos años. Son gente que lleva más de diez años en la empresa y se les despide, mientras que a los suyos, a los que el PP ha metido en los últimos dos años, que llevan poco y tienen menos vinculación, se les mantiene a todos', denuncia el representante sindical que ya anuncia la huelga como 'última opción ante la agresividad con la que Miriam Rabaneda ha desmantelado y castigado a los trabajadores de la empresa'.

Un precedente que les alarma enormemente es el de la vecina localidad de Valdemoro en la que se ha visto el derrotero que la concesión de sus servicios públicos a una de las empresas que optan a quedarse con Aserpinto tomó en poco tiempo. 'Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) entró en Valdemoro y a los pocos meses tuvieron suspensión de pagos y dejaron de pagar a los trabajadores. Hasta que el Ayuntamiento no empiece a pagar, la empresa no te paga. Aunque tenga dinero. Ellos vienen a ganar dinero, de eso es de lo que tienen que ser conscientes los trabajadores: de que la empresa privada viene a ganar dinero', explica Rodríguez.

La mayoría de miembros del comité de empresa denuncia una larga y premeditada campaña de desprestigio por parte del consistorio controlado por los conservadores para justificar su privatización: 'Desde hace dos años no invierten dinero en nada, ni ropa de trabajo, ni semillas, te prohíben regar, no te compran piezas para arreglar maquinaria... Si a eso le sumas que han llegado a hacer fotos de un carro abandonado o de un trabajador comiendo un bocadillo en su hora de descanso para publicarlas llamándonos vagos o absentistas, cosa que era mentira, pues ves la campaña'.

A esta campaña mediática de desprestigio no sólo se sumó la revista con más tirada de Pinto, Zigzag, una revista que recibe todos los meses 2.162,50 euros + IVA del Ayuntamiento, algo que le disuade de dar voz a cualquier protesta contra la privatización, sino que han llegado a publicarse en medios nacionales de derechas como La Gaceta o La Razón. Olmos, lo resume así: 'La campaña ha sido: desprestigio mediático, desprestigio sindical y desprestigio ante nuestros vecinos. Una campaña que les ha llevado a poner denuncias o publicar el árbol genealógico de la familia de alguno de nosotros en La Gaceta'.

'Lo que hacen es intentar enfrentarnos unos con otros'

Maribel, delegada de CCOO, también apunta a la alcaldesa como promotora de este descrédito: 'El verano pasado, por ejemplo, prohibió regar todos los céspedes, porque decía que se gastaba mucho dinero, porque aquí entramos en el plan Agenda 21 y eso supone que todo el agua que se gasta se paga. Entonces, en vez de hacer un estudio para decidir qué praderas de césped vamos a anular, pues se dejó de regar todo. Y la culpa pensaron que era nuestra'.

Entre las muchas zancadillas puestas por Rabaneda, la que más destacan estos representantes sindicales es la de dividir a los trabajadores para debilitar cualquier reacción: 'Lo que hacen es intentar enfrentarnos unos con otros para que no haya unión entre los trabajadores a la hora de movilizaciones, de posibles huelgas y concentraciones que tenemos en mente realizar estos días. Su mayor empeño es dividirnos entre los que vamos a ser afectados y los que en principio no lo serán. Se externalizan los servicios más importantes: limpieza viaria, RSU (basura) y jardinería. Justo la mitad de los trabajadores. La otra mitad piensa que a ellos no les va a tocar y no protestan', confirma Rodríguez.

Además, como en otros municipios, han entrado en escena terceros actores que han empeorado la gestión: 'De repente, contrataron, sin concurso público ni explicar sus cualificaciones, a un director de Recursos Humanos y Administración que se llama Alberto Cárdenas Hidalgo. Este señor no es de Pinto, viene de la empresa municipal de Móstoles, aunque ahí llegó desde Villaviciosa de Odón, y de su gestión me avisaron los compañeros de UGT de Móstoles que allá por dónde iba, allá que dejaba despidos o peor'.

Las extravagancias de la alcaldesa han facilitado lo oneroso de la situación: 'No había dinero, pero contrataron a una empresa externa para negociar nuestro convenio colectivo, que siempre ha sido negociado por los propios concejales con los miembros del comité de empresa. Se llama Akal, vienen de Murcia, lo sabemos por que lo dijeron varias veces para justificar sus ausencias, y cobra 120.000 euros al año. Apareció en mitad de la negociación colectiva, estuvieron unos seis meses y desaparecieron. Nunca más se supo de ellos'.

Los representantes sindicales denuncian que se ha jugado a deteriorar la empresa: 'Es curioso que una de las causas con las que justifican la privatización sea el absentismo laboral y de repente nos pongan a una directora de producción que tampoco es de Pinto y que ha estado cuatro años prácticamente de baja'.

Rafael Sánchez Romero, concejal-portavoz del Movimiento de Izquierda Alternativa (MIA) de Pinto, confirma todo lo expuesto con una impecable lista de datos: 'En el Ayuntamiento de Valdemoro los servicios que actualmente presta Aserpinto en su conjunto los está prestando Fomento de Construcciones y Contratas por un importe aproximado de unos 20 millones de euros y, sin embargo, aquí en Pinto, pues costaban en torno a 10 millones y medio de euros. Si lo dividimos por el número de habitantes que tienen Valdemoro y Pinto, saldría a unos 280 euros por habitante en Valdemoro y unos 230 en Pinto. Lo que significa que salía mucho más barato hacerlo desde lo público que hacerlo desde lo privado'.

'El Ayuntamiento de Pinto es de los más chulos de España. Hace un mes pedimos cuatro millones de euros de préstamo en el nuevo Plan de Pago a Proveedores, que pagamos a un 4,5%, un 5% de interés a los bancos mientras que el banco compra el dinero al Banco Central Europeo al 0,5% o al 0,75%. Mientras, hemos detectado que a nivel de tesorería el Ayuntamiento de Pinto tiene en diversas cuentas bancarias hasta 11 millones de dinero líquido. Entonces es incomprensible que con una mano estés pidiendo 4 millones de euros para endeudar más al pueblo a largo plazo, porque esto es a 10 años', añade Sánchez Romero.

Para resumir lo ocurrido, Sánchez Romero concluye rotundo: 'Aquí se ha seguido una política de tierra quemada con Aserpinto. Primero se la ha asfixiado económicamente, su presupuesto en dos años ha descendido un 20%. Además, se ha tenido una política de personal nefasta, no reforzando las áreas que había que reforzar. Y en tercer lugar, ha habido una nula política de renovación de maquinaria a medio plazo'.