El Gobierno aprobó este viernes el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, que incluye la denominada prisión permanente revisable para delitos especialmente graves, que, frente a las objeciones planteadas por el Consejo de Estado, el Ejecutivo considera 'justificada y necesaria' frente a delitos especialmente graves como el terrorismo o el asesinato múltiple.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió que la nueva pena es también 'valiosa y avanzada' y se diferencia de la cadena perpetua estricta en que, después de un tiempo mínimo de cumplimiento (unos 25 años), puede ser revisada por los tribunales, por lo que no es incompatible con el mandato de la Constitución de que las penas tengan como finalidad la reinserción.

Ruiz-Gallardón destacó la extensión de la reforma, que calificó como 'transformación general del derecho punitivo' en España, y destacó que su seña más relevante es la 'flexibilidad', ya que castiga duramente los delitos graves, a los delincuentes peligrosos y la mutlirreincidencia, y es benévola con quienes cometen delitos por primera vez, que podrán obtener la libertad condicional con la mitad de la condena cumplida y no con dos tercios como se exige ahora.

Entre las modificaciones, el ministro destacó el aumento de la edad de consentimiente para relaciones sexuales a los 16 años de edad --con la excepción de las mantenidas por menores de esa edad con personas próximas en edad o en madurez--. Así como una nueva regulación de los comisos para confiscar los bienes de personas a las que hasta ahora podía compensarles pasar un tiempo en la cárcel para disfrutar fuera de lo obtenido con sus delitos, según la explicación del ministro.

También afirmó que la norma incluya reformas en la persecución del racismo y la xenofobia que convertirán a España en el país más avanzado en esta materia.

Junto al texto aprobado, que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, se negociará con el resto de grupos algunas de las medidas incluidas en el paquete de lucha contra la corrupción al que dió el visto bueno este viernes el Ejecutivo, que incluye considerar como delito específico la financiación ilegal de los partidos políticos.

que  una nueva pena de duración 'indeterminada' aunque puede ser cumplida después de un tiempo