Malta, Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana son los cinco países del mundo donde el aborto no está permitido en ningún caso y es un delito penado con cárcel. En otros, como Argentina, Irlanda, Indonesia, Brasil, Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezuela o Somalia sólo se permite cuando la vida de la gestante corre peligro, según el último informe de ONU Mujeres titulado El Progreso de las Mujeres en el Mundo [pdf]. Mientras, en las zonas que recientemente se han abierto a la permisividad, como Urugay, donde ya se permite la interrupción libre del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, la medida ya ha dado sus buenos resultados eliminando riesgos para la salud de las mujeres.

Por todo ello, porque son numerosos los organismos internacionales que advierten que restringir el aborto sólo conlleva clandestinidad y muerte, las organizaciones feministas vuelven a conmemorar hoy el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, por una interrupción del embarazo 'legal, segura, libre y gratuita'. 

En España, la situación es confusa. A pesar de la intencionada falta de concreción del Gobierno sobre la reforma de la ley, las pistas que ha dado hasta ahora el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dibujan un marco legal más restrictivo incluso que el de países tradicionalmente católicos como Italia o Polonia, que devolverá al país a tiempos de hace más de 30 años.

Actualmente, y desde el año 2010, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva garantiza a las mujeres el derecho a decidir libremente la maternidad. Pueden abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de embarazo. A partir de entonces, y hasta la semana 22, pueden hacerlo sólo si se aprecian malformaciones fetales o si hay riesgo para la salud de la madre. Después de este tiempo, la interrupción del embarazo sólo está permitida si un comité médico determina que hay una malformación grave o incompatible con la vida.

Lo que pretende ahora el Gobierno de Mariano Rajoy es cambiar esta ley 'de plazos' por una de 'supuestos', de modo que el aborto sea un delito excepto en casos concretos. De momento, las excepciones se desconocen, pero en España, entre 1985 y 2010, la interrupción del embarazo sólo estaba despenalizada en tres casos: violación (en las 12 primeras semanas), malformación del feto (hasta la semana 22) y riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (en cualquier momento). De hecho, una de las pocas pistas que ha dado el titular de Justicia sobre el tema es que el objetivo del Gobierno no es volver a la ley de 1985, sino 'corregir los defectos que tenía' como por ejemplo, que la malformación del feto no sea uno de los supuestos que permita abortar de manera legal.

Aun así, Gallardón no ha dado nada por sentado y lo poco que se sabe de esta reforma legal es lo que el ministro ha ido diciendo con cuentagotas en entrevistas en los medios de comunicación o respondiendo a preguntas en el Congreso. Esa estudiada inconcreción demuestra la falta de unanimidad que hay en el Gobierno sobre cómo regular la interrupción del embarazo. La falta de acuerdo se confirmó el pasado mes de julio cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que la modificación de la norma quedaba aplazada sine die. Aun así, el titular de Justicia volvió a amenazar con aprobar su 'contrarreforma' en octubre en una reciente entrevista con RNE.

Por otra parte, uno de los objetivos que el Gobierno dice querer alcanzar con el endurecimiento de la ley es reducir el número de abortos, que en 2011 llegaron a 118.359. Pero el argumento es falaz. Un estudio de la revista The Lancet demuestra que la tasa de abortos es menor en países con leyes más permisivas y el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que restringir el aborto sólo provoca más mortalidad materna.

Dar marcha atrás en la actual Ley del Aborto en los términos anunciados por Gallardón situaría al país en el ránking de los países más restrictivos de Europa. De hecho, sólo Irlanda, Andorra, Malta, Mónaco, Liechtenstein y San Marino no admiten la malformación fetal como motivo para interrumpir un embarazo. En Polonia, con gran tradición católica, la práctica está despenalizada salvo en los supuestos 'por motivos económicos o sociales' y 'a petición de la interesada'. Incluso en Italia, donde la influencia del Vaticano es evidente, cualquier mujer que lo desee puede poner fin a su gestación sin necesidad de poner excusas.

También supondría equiparar a España con buena parte de las zonas más subdesarrolladas de África o América Latina. Este mismo año, la joven salvadoreña bautizada por los medios como Beatriz pudo someterse a un parto inducido de un feto sin cerebro  gracias a la presión mundial ejercida sobre el Gobierno de su país. Pero otras Beatrices no tienen tanta 'suerte' y recurren a la clandestinidad, con todos los riesgos que ello conlleva.