Sin contemplar sanciones claras a políticos y funcionarios, bajo un régimen de silencio administrativo negativo, con cuantiosas excepciones generalistas y un Consejo carente de independencia. Son algunas de las principales críticas de la organización Transparencia Internacional España (TI) al proyecto de ley de Transparencia aprobado por el Gobierno de Rajoy, actualmente en tramitación en el Senado.

La ONG reconoce en su valoración que la nueva norma supone un 'importante avance social' y un cauce para la 'calidad democrática' en nuestro país, pero advierte de que si no se introducen cambios, podría derivar, en la práctica, en un sistema poco operativo. Sobre todo en lo relativo al Acceso a la Información Pública, que pretende regular el derecho de los ciudadanos a solicitar información a las diversas instituciones.

El Proyecto de Ley del Gobierno está basado en el silencio administrativo negativo, una figura que establece que si un organismo no ha respondido en el plazo de un mes, el solicitante debe entender que su petición para acceder a determinada información ha sido denegada.

'Los secretos generalmente son excepcionales, pero en España se invierte el modelo y se permite a las instituciones parapetarse detrás de esta figura', ha señalado en rueda de prensa Jesús Sánchez-Lambás, miembro del comité de Dirección de TI. Sánchez-Lambás, además, ha criticado que en el caso de que alguien quisiera recurrir por el silencio de las instituciones, se encontraría ante un callejón sin salida. 'Si se acude a los tribunales lo primero es pagar las tasas. Además los procesos podrían tardar en resolverse hasta diez años. No compensa'.

La otra opción, acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que contempla la ley, tampoco parece mejor. La ONG denuncia que este órgano 'nace con un notable déficit de independencia' porque 'el Presidente es nombrado por el Gobierno y su refrendo parlamentario exige la mera aplicación de la mayoría parlamentaria'.

También en lo referente al acceso a información pública, Transparencia Internacional recomienda 'matizar' o 'concretar' las excepciones por las que las administraciones podrán denegar una petición. Según el texto actual, existen límites cuando la documentación perjudique aspectos tan genéricos como 'los intereses económicos y comerciales', la 'política económica y monetaria' o 'el medio ambiente'.

'Una interpretación amplia de las mismas puede mermar en gran medida el derecho de acceso a la información', señala la organización. En consecuencia, afirmó Sánchez-Lambás, la norma 'no es funcional, no es operativa'.

Además, Transparencia Internacional es crítica con que no se contemplen de forma 'clara' y 'explícita' sanciones e infracciones a los políticos y funcionarios que no cumplan con la ley o que se excluya del texto la obligación para las Administraciones Públicas de publicar todo el patrimonio que poseen, incluyendo los bienes inmuebles, pero también los muebles y derechos reales de las entidades públicas (dinero, valores mobiliarios, activos financieros, créditos, bienes históricos, equipamientos, obras de arte, vehículos oficiales, etc.)

Por último, la ONG recomienda que se introduzca en el apartado de Publicidad activa (lo que cada administración hace público directamente en su página web) los instrumentos de planeamiento urbanístico y los informes de los órganos de fiscalización interna o auditoría.

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional y miembro del consejo de expertos que trabajaron para mejorar la ley en el Senado, ha criticado que finalmente no se escuchara gran parte de sus propuestas y ha reconocido que les sorprendió la forma en que fue aprobado el último texto, casi 'por sorpresa'.