Los 563,6 millones de euros de multa impuestos por la Audiencia de Málaga a la cincuentena de condenados por el 'caso Malaya' serviría para saldar la deuda viva que el Ayuntamiento de Marbella mantiene a día de hoy, que asciende a 480 millones, en parte por los expolios a que fueron sometidas sus arcas públicas durante una década por esos mismos encausados.

La alcaldesa de Marbella, Angeles Muñoz, expresó este viernes, tras conocer el fallo, que la deuda originada en estos años, aparte de la pérdida patrimonial de la ciudad, fue de unos 600 millones de euros, pero actualmente el ayuntamiento tiene una deuda viva de 480 millones. Ha afirmado que ya se ha abonado una parte importante del débito y que se ha renegociado otra parte, pero entiende que no deja de ser una deuda 'descomunal' teniendo en cuenta que el presupuesto de Marbella está en torno a los 200 millones.

El tribunal que ha juzgado el caso ha expresado, durante la lectura del fallo, su deseo de que parte del dinero y los bienes decomisados durante el proceso reviertan precisamente en la localidad malagueña para que pueda pagar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social. El presidente del tribunal, José Godino, se ha hecho 'eco' del 'deseo y esperanza de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero que por comiso se recaude en el proceso revierta en beneficio de la localidad'.

Ha añadido que Marbella, 'por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelta, ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible'. Según el presidente del tribunal, 'no es justo que, como consecuencia de los actos y conductas enjuiciadas, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social mientras el dinero y los bienes decomisados revierten en otras localidades distintas'.

Por ello, el tribunal espera, 'respetuosa y humildemente, que los bienes decomisados y el importe de las multas satisfechas sean utilizados para abonar las deudas con las entidades públicas reseñadas, salvo mejor criterio de la superioridad', ha señalado Godino. De esta forma, el tribunal 'recoge una aspiración que ha llegado incluso al Parlamento andaluz', ha afirmado el presidente del tribunal en alusión a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica el 14 de octubre de 2010.

La condena total establecida por la Audiencia de Málaga en el 'caso Malaya', el mayor macroproceso contra la corrupción urbanística celebrado nunca en España, ha ascendido a 130 años y 5 meses de cárcel, y una multa de 563,6 millones de euros (casi la mitad de la cual --240 millones-- tendrá que abonar el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca).

Las penas han quedado muy por debajo de las solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que acusaba a 86 personas, para quienes pedía un total de 497 años de prisión y multa aproximada de 3.800 millones. El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha declarado a Efe que estudiará los fundamentos de la sentencia para decidir si recurre la misma ante el Tribunal Supremo o no.

El tribunal no ha seguido sus peticiones, sino que las ha rebajado notablemente. Así, ha condenado a sólo 51 personas de las 86 a las que acusaba la Fiscalía, y ha absuelto a un total de 44 (9 del total de 95 procesados no eran acusadas por el Ministerio Público). Y además, a los condenados, les ha impuesto unas penas sensiblemente inferiores a las reclamadas por Anticorrupción, empezando por Roca (11 años de condena frente a 30 años pedidos por el fiscal, y multa de 240 millones por los 810 millones que solicitaba el Ministerio Público) ó Julián Muñoz (condena de 2 años, cuando la Fiscalía quería una pena de 10).

En cualquier caso, la sentencia de la Audiencia de Málaga tendrá que ser revisada por el Tribunal Supremo, ya que varios condenados, como Roca o Marisol Yagúe, ya han anunciado recursos de casación. Asimismo, el tribunal malagueño deberá decidir ahora si corresponde el ingreso en prisión provisional de alguno de los condenados, lo que no suele verificarse hasta que el Supremo se pronuncie cuando las penas no alcanzan los cinco años de cárcel.

El expresidente de la gestora que tomó el mando del Ayuntamiento de Marbella en 2006 tras destaparse el caso de corrupción urbanística 'Malaya', Diego Martín Reyes, ha lamentado hoy la 'levedad de las penas' que fija la sentencia.Reyes ha admitido que esperaba 'unas condenas más duras' en la sentencia del caso 'Malaya' de corrupción urbanística, aunque ha subrayado que supone que el tribunal habrá 'fundamentado y argumentado' la conclusión del mismo.

En su opinión, Marbella no podrá verse resarcida con esta resolución, ya que el 'absoluto expolio' del Ayuntamiento en los años en los que gobernó el Grupo Independiente Liberal (GIL) 'hacían presumir una comisión de delitos más graves' y que hubiera una pena mayor.

A este respecto, ha supuesto que el tribunal ha evaluado las pruebas practicadas y probablemente, por la 'dificultad de vincular los pagos ilícitos a actos administrativos concretos', quizá ha optado por unos 'tipos delictivos de mayor levedad', aunque ha remarcado que aún no ha leído la sentencia, de más de 5.000 folios.

No obstante, ha considerado una 'recomendación muy bien intencionada' la mención que ha hecho hoy el juez para que los bienes decomisados reviertan en Marbella. Preguntado por la existencia de un sentir generalizado de decepción al esperarse una sentencia ejemplarizante, ha declarado que éstas no tienen que ser ejemplarizantes sino 'justas', pero pueden tener un 'efecto reflejo de ejemplo'.Y ha dudado si el ejemplo de este fallo puede ser bueno, ya que 'a lo mejor, el ejemplo que se está dando es que sale muy barato delinquir'.