El Gobierno ha eludido aclarar si ha dado instrucciones a la Agencia Tributaria para no acusar por delito fiscal a la infanta Cristina, amparándose en que la información de carácter tributario es reservada de acuerdo a la ley. '¿Es cierto que el Gobierno ha dado instrucciones al presidente y a la directora general de la Agencia Tributaria, para que eviten proceder contra la hija del rey, doña Cristina de Borbón y Grecia?', preguntó por escrito al Ejecutivo el diputado de IU Gaspar Llamazares.

La contestación del Gobierno señala: 'La información, al tener carácter tributario, está sujeta a la reserva del artículo 95 del Ley General Tributaria, que impide que sea cedida o comunicada a terceros'.

Eso sí, a continuación el Ejecutivo hace una consideración general sobre que 'la Agencia Tributaria colabora activamente con los órganos jurisdiccionales tanto en procesos por delito contra la Hacienda Pública, como en otros procesos judiciales no relacionados con el ámbito estrictamente tributario'.

Añade que esa colaboración puede producirse bien mediante la atención de las solicitudes de los Tribunales del orden penal de designación de funcionarios de la Agencia Tributaria para actuar como peritos en causas por delitos contra la Hacienda Pública o cualesquiera otros en los que se planteen cuestiones relacionadas con el ámbito de conocimiento de los funcionarios de la Agencia, o bien para la realización de actuaciones de auxilio judicial no pericia.

Pero sobre la pregunta concreta del diputado, nada de nada. Como tampoco de las otras tres que añadió en su escrito, que decían: '¿Es cierto que esta orientación (la de no acusar a la infanta) ha sido planteada en el Consejo de Ministros?' '¿Qué gestiones está realizando la Abogacía del Estado para verificar el perjuicio generado a las arcas públicas por las empresas Nóos y Aizoon?' y '¿Qué instrucciones ha dado o piensa dar el Gobierno a la Abogacía del Estado para que evite acusar a la infanta Cristina?'

El juez Castro está pendiente de recibir un informe de Hacienda para decidir si cita como imputada a la infanta por colaboración en los delitos fiscales y de blanqueo de capitales cometidos presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. Hasta la fecha, la Agencia Tributaria ha descartado en sus dictámenes que existan indicios de que Cristina de Borbón haya cometido delito fiscal.